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Foto: Colprensa

El magistrado Antonio José Lizarazo, de la Corte Constitucional, recibió una petición de la Procuraduría en la que solicita declarar el estado de cosas inconstitucionales sobre la gobernanza de las tierras en el país.

El documento, firmado por el Procurador delegado para asuntos ambientales, Diego Trujillo, advierte que existe una debilidad institucional, desarticulación de las instituciones y omisión de las autoridades frente a la protección de la tierra.

Lo anterior, según el documento, conlleva a la desprotección del campesinado y poblaciones rurales por parte del Estado por la falta de capacidad de llegar a los territorios más apartados del país.

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“El efecto del único plan hasta ahora implementado respecto de los procesos de clarificación, recuperación y deslinde de tierras de la nación es nulo”, dice la Procuraduría. 

Además, advierte: “continúa la vulneración masiva de derechos y la moratoria de las autoridades, lo que ha derivado en prácticas inconstitucionales para acceder a la regularización de la propiedad, situación que implica un alto impacto en el desarrollo rural y agropecuario del país”.

A esas conclusiones llegó la Procuraduría después de un análisis sobre la situación de la adjudicación de tierras en el país tras la firma de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc.

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Para la Procuraduría, hay por lo menos 7.700 hectáreas de tierras adjudicables que no han sido reconocidas materialmente, es decir, no se ha determinado su estado de ocupación, lo que hace imposible identificar los bienes trasferidos al fondo de tierras.

Según el informe de la Procuraduría, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) registra “sólo un predio de 18.000 hectáreas en calidad de baldío y 12 predios transferidos por el INCODER a la ANT (fiscales) sin ocupación”.

También dice el informe que: “en relación con los bienes adquiridos directamente por la ANT se reportan 20 bienes que fueran adquiridos en 2019 (790 ha), 10 en 2017 (550 ha) 34 en 2018 (3560 ha) y 2 en 2019 que aún están en procesos de adjudicación”.

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El documento, que será debatido por la Corte Constitucional este año, también advierte que “la falta de avance respecto de los objetivos trazados como meta para lograr el 60% de la formación y actualización catastral al año 2022 y el 100% al año 2025”. 

Para la Procuraduría es necesario que el Gobierno emita ordenes para superar la falta de gobernanza de las tierras con el objetivo de asegurar el derecho a la tierra de los campesinos, además destaca “el ordenamiento del suelo rural agropecuario,  asegurando la adecuada administración y destinación de las tierras públicas y la protección y restauración de los suelos rurales esenciales para la producción alimentaria". 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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