Procuraduría pide la condena más alta contra excongresista Antonio Guerra por Odebrecht

El procurador Jorge Enrique San Juan, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, pidió la condena más alta, que rodearía los 20 años de prisión, contra el excongresista Antonio Guerra de la Espriella, por el escándalo de Odebrecht.

El procurador San Juan dijo ante la Corte Suprema de Justicia que el excongresista, supuestamente aprovechó su cargo para beneficiar a la multinacional brasilera con los contratos de estabilidad jurídica.

Para ello, según la Procuraduría, el excongresista recibió 200 millones de pesos de parte del excongresista Bernardo Miguel Elías, conocido como el 'Noño', “para que realizara actividades contrarias a sus funciones públicas”.

Lea en contexto: Revelan declaración desconocida de 'Ñoño' Elías sobre el caso Odebrecht

El procurador también dijo que se comprobó el delito de trafico de influencias, por cuanto “el entonces senador de la Espriella realizó actividades ante funcionarios públicos del Ministerio de Hacienda, la empresa Navelena y entidades financieras” para favorecer a Odebrecht.

Así mismo, el procurador San Juan aseguró que De la Espriella se enriqueció ilícitamente de esos acuerdos. “El incremento patrimonial no justificado de Antonio Guerra de la Espriella fue de más de 1.200 millones de pesos: en el 2013 de 68 millones; en el 2014 fue de 39 millones; en el 2016 y 2017 de más de 357 millones”.

Lea además: Robledo entuteló a la Corte Suprema en litigio contra Néstor Humberto Martínez

En medio de la audiencia final del juicio, la parte civil, es decir los abogados de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), también pidieron condena contra el excongresista.

La abogada Ingrid Parra dijo que existe un pacto de silencio y que aún falta que los responsables del escándalo revelen los pormenores del escándalo.

“El señor Arocha dijo no responder en virtud de esa matriz de colaboración (…) resalto que evidentemente el objetivo de ellos era expandirse en Colombia y eso necesitaba que se captaran servidores públicos que tuvieran que ver con los proyectos de los cuales ellos querían hacer parte”, sostuvo la abogada. 

La Corte Suprema tendrá que evaluar esas peticiones y emitir una sentencia en las próximas semanas.