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Aún sigue en debate el proceso de envío del jefe guerrillero a EE.UU.

Audiencia de Jesús Santrich en La Picota
Audiencia de Jesús Santrich en La Picota
Cortesía: Consejo de Estado

A casi un año de haber sido capturado el otrora negociador de las Farc, Jesús Santrich, la Procuraduría General de la Nación dio su concepto jurídico sobre el proceso de extradición que está en trámite contra el exguerrillero.  

El Ministerio Público presentó ante la JEP sus alegatos de conclusión dentro el trámite de garantía de no extradición, solicitado por la defensa de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido en sus años de combatiente como Jesús Santrich.

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Dentro de los argumentos expuestos por la Procuraduría está que en este caso no procede la garantía de no extradición porque el requerimiento de extradición formulado por Estados Unidos, se refiere a hechos posteriores a la firma del Acuerdo Final, esto es, el 1 de diciembre de 2016.

De acuerdo a lo que ha trascendido, luego de la firma de la fecha límite establecida en el Acuerdo de Paz, Santrich habría cometido delitos asociados con actividades de narcotráfico.

“Existen elementos de juicio suficientes para considerar que los hechos no se dieron con causa, ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, descartándose que se tratara de un delito de ejecución permanente”, señaló la Procuraduría.

Desde hace varios días se venía hablando de cómo el procurador Fernando Carrillo Flórez considera que la extradición es un importante “instrumento de cooperación judicial internacional”, que tiene como fundamento el interés de los Estados por evitar la impunidad.

“El respeto a los mecanismos de trabajo conjunto entre los Estados para combatir el delito, es esencial para fortalecer la justicia”, dice el concepto enviado por el Ministerio Público.

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En el mismo sentido, se conoció que en el concepto enviado a la JEP, la Procuraduría recordó que en el ordenamiento jurídico queda claro que para este trámite de garantía de no extradición, “no corresponde a la JEP ni al Ministerio Público”, realizar ningún análisis probatorio.

“De manera respetuosa, se solicitó a la JEP remitir el expediente objeto de estudio a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que a nuestro juicio es la competente para emitir concepto previo a la decisión de extradición”, señaló la Procuraduría.

Aun así, el Ministerio Público anunció que seguirá velando por la defensa de las víctimas del conflicto frente a su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición a que tienen derecho.

Fuente

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