Procuraduría pide medidas cautelares para suspender Transmilenio por la séptima

A través de un concepto enviado al juzgado 23 administrativo de Bogotá, la Procuraduría solicitó aceptar las medidas cautelares de urgencia con el fin de suspender la licitación de Transmilenio por la carrera Séptima. 

En el documento que entregó la Procuraduría se afirma que el proyecto vial por la séptima está plagado de improvisaciones y falta de plantación que podría poner en riesgo los recursos y la moralidad administrativa de la capital. 

Además la Procuraduría señala que salta a la vista los perjuicios y daños ambientales y de salud para los ciudadanos con la construcción de esa troncal, debido a que por allí transitarían los buses Euro V, que según el Ministerio Público, han sido desechados en otros países por su alto grado de contaminación. 

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“Impida la configuración de perjuicios irremediables e irreparables para la colectividad como consecuencias de los daños y graves afectaciones ambientales causados al buscar implementar un sistema de transporte público cuyas emisiones son comprobadamente cancerígenas y afectan la calidad del aire”, dice uno de los apartes del documento. 

La Procuraduria calificó como negligencia por parte de la administración el uso de tecnologías que han sido descartadas en otros países por considerarse altamente perjudiciales para la salud humana. 

“Nos encontramos ante un proyecto que denota improvisación en muchos aspectos y que parece lanzarse a su desarrollo sólo con el afán de comprometer una cantidad enorme de dinero en espera de que por el camino se vayan resolviendo los obstáculos”, dice el Ministerio Público al juez. 

Después de revisar este concepto enviado por la Procuraduría, el juzgado 23 administrativo de Bogotá estudiará si decretar las medidas cautelares para suspender la licitación de Transmilenio por la séptima, en medio del proceso que adelanta por una acción popular impuesta por el congresista Rodrigo Lara Restrepo. 

Sobre ese mismo tema en abril pasado la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la directora del Instituto de desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Rocio Mantilla Barón, y otros siete funcionarios, por presuntas irregularidades en la licitación y también pidió medida cautelar la suspensión del proceso de contratación.