Cargando contenido

Ahora en vivo

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Carlos Camargo, Defensor del Pueblo
Colprensa

A pocos días de que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo sobre las demandas que piden anular la elección de Carlos Camargo Assis como Defensor del Pueblo, se conoció el concepto enviado por la Procuraduría General de la Nación que pide desestimar los recursos.

El documento firmado por la procuradora delegada ante ese alto tribunal, Idayris Yolima Carrillo, dice que “no había necesidad de hacer convocatoria pública o concurso de méritos” para escoger al Defensor del Pueblo, como lo señala una de las cuatro demandas que están por decidirse.

Lea además: Oposición propone reforma a la Policía que incluye eliminación del Esmad

También desmintió otra de las demandas al señalar que “la terna para elegir al Defensor del Pueblo para el período 2020-2023, cumplió con la cuota de género” ya que la única postulada para el cargo cumplió con los requisitos establecidos.

En ese caso, RCN Radio consultó la terna de aspirantes para elección al cargo de Defensor (a) del Pueblo (Periodo 2020-2024) publicada por la Cámara de Representantes.

En esa terna se presentaron dos mujeres, la primera fue Elizabeth Martínez, quien presentó renuncia el 10 de agosto de 2020, por lo cual la presidencia de Iván Duque presentó otra terna en la que estaba el nombre de Myriam Martínez.

El concepto de la Procuraduría también destaca que “se acreditó la experiencia requerida” contrario a lo que señala otra de las demandas,  al advertir que Camargo supuestamente fue elegido sin cumplir con la experiencia requerida por la ley.

El concepto de la Procuraduría finaliza diciendo que “la función atribuida al Presidente de la República de postulación de los candidatos a Defensor del Pueblo es discrecional, en tanto el ordenamiento no le fija a dicha autoridad un procedimiento o algún parámetro para seleccionar a las personas que integrarán la terna que someterá a la Cámara de Representantes”. 

Ese caso inició su estudio en el despacho de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, pero dado a que ella ya terminó su periodo,  fuentes del Consejo de Estado señalaron el caso quedó en el despacho de la magistrada Rocío Araujo, quien tendrá que proyectar una ponencia para que sea estudiada por la Sala. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

Encuentre más contenidos

Fin del contenido.