Procuraduría prende las alarmas por presunto mal manejo del desminado humanitario
En lo corrido del año el Alto Comisionado para la Paz ha registrado 18 accidentes por artefactos explosivos en la comunidad embera katío.
La Procuraduría General de la Nación prendió las alarmas por presuntas irregularidades en el manejo que la Fuerza Pública le estarían dando al desminado humanitario.
La preocupación se desprende de cifras del Alto Comisionado para la Paz en las que se registran 18 accidentes por artefactos explosivos que han dejado víctimas en la comunidad embera katío de Antioquia y Chocó, en lo que va corrido de este año.
Según la Procuraduría, esa situación no sólo deja víctimas físicas, sino que revive procesos de desplazamiento forzado masivo y confinamiento del pueblo indígena.
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El Ministerio Público ha constatado que en esa región del país donde se encuentran miembros del resguardo Jaidukamá, del pueblo indígena embera katío, hay presencia de minas antipersona y municiones sin explotar de forma controlada por las autoridades.
Por lo anterior, la Procuraduría solicitó con urgencia a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz revisar las condiciones se seguridad que esta implementando la Fuerza Pública para explotar controladamente las minas antipersona, sobre todo en el municipio de Ituango, Antioquia.
“Revisar una estrategia que permita una intervención para la salvaguarda y protección del Pueblo embera de los departamentos de Chocó y Antioquia, por supuesto con el concurso de otras entidades del Estado que tienen responsabilidades en materia de prevención y protección”, dijo la Procuraduría en la misiva enviada.
La Procuraduría también propuso al Alto Comisionado para la Paz “solicitar al Ministerio del Interior coordinar acciones interinstitucionales en el marco del Subcomité Nacional de Prevención y Protección, a fin de desarrollar una estrategia integral que permita proteger los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad de esta población”.
De acuerdo con las cifras reportadas por la Oficina del Alto Comisionado, desde que inició el proceso de desminado al 31 de julio de este año “se han registrado 12.074 víctimas por minas antipersonal y munición sin explosionar (…) en lo corrido del año 2021, se han presentado 84 víctimas”.
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