Procuraduría suspende a gobernador Ariel Palacios por presuntas faltas disciplinarias
Asimismo le ordenó suspender un contrato en el Chocó por más de 2.000 millones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación suspendió este viernes al gobernador del Chocó, Ariel Palacios “de manera preventiva”, por presuntas a supuestas faltas disciplinarias cometidas a través de contratos suscritos en medio de la emergencia decretada por la pandemia del coronaviris.
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En su decisión, el Ministerio Público también le ordenó suspender el contrato 0198 de 2020 que firmó con la “Fundación Chocó Saludable”, que asciende a más de 2.000 millones de pesos que, según explicó el procurador Fernando Carrillo, no tiene la competencia.
La @PGN_COL suspendió al gobernador del Chocó, de manera preventiva, y solicitó suspensión del contrato 0198 de 2020 con la Fundación Chocó Saludable, por más de $2.000 millones de pesos, debido a supuestas faltas disciplinarias. #TransparenciaPorLaEmergencia pic.twitter.com/2guGVfA1XQ
— Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) April 24, 2020
La medida hace parte de un conjunto de decisiones anunciadas este viernes por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, que emprendieron acciones contra la corrupción a través de contrataciones para atender la emergencia por la COVID-19.
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De hecho, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que este tipo de acciones permitió detener la suscripción de contratos que suman unos 17 mil millones de pesos.
El caso Chocó
En cuanto a las decisiones en Chocó, el contrato cuestionado tenía como objetivo adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos de limpieza, enfermedades crónicas lactancia materna, sexualidad, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.
Pero lo que dice la Procuraduría es que esas actividades no eran importantes ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el COVID-19.
Máxime, explicó la Procuraduría, si se tienen en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería, que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus.
Otras decisiones
En otras decisiones, la Procuraduría General de la Nación Para ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por tres meses del alcalde de Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balsero Contreras, y el secretario administrativo del municipio, José Garzón, por presuntas irregularidades con contrato de suministro.
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La investigación se centra en establecer si hubo suplantación de la firma el representante legal de la empresa "Inversiones Echeverry S.A.S." propietario del establecimiento de comercio "Supermercado El Progreso", quien se quejó ante la Procuraduría porque “desconoce su firma en la suscripción del contrato que fue publicado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP I”.
Se abrió investigación por irregularidades en la suscripción de un contrato por $300 millones, con la empresa ´Guitarra & Coffee’.
El objetivo del contrato que, según la procuraduría desconoce los principios de contratación pública, era el suministro de servicios logísticos, operativos, asistenciales y de restaurante para el personal administrativo y fuerza pública, que apoyan la gestión del municipio para atender la emergencia generada por el covid-19.
Juicios disciplinarios
La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos.
Un primer contrato por $200 millones de pesos para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio; y un segundo contrato celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo a la atención del adulto mayor a través de la Corporación Rayos de Esperanza.
Lo que dice la Procuraduría es que esa fundación se creó 30 días antes de la celebración del contrato.
El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por un contrato para la realización de eventos en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. Ese contrato fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por la COVID-19.
El gobernador también debe responder por los sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.
También se llamó a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos.
Según la Procuraduría, esos contratos se suscribieron para el suministro de mercados y elementos de aseo sin tener en cuenta la idoneidad del contratista.
Cifras
La Procuraduría anunció que, desde el 23 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria, se puso la lupa en 1.286 casos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a hacer frente a la pandemia.
De esos casos se iniciaron 900 procesos disciplinarios preventivos terminando en 123 procesos disciplinarios formales y 132 se encuentran en etapa preliminar.
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Se abrieron 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías.
Por presuntas irregularidades en la contratación la Procuraduría adelanta 40 procesos, por sobrecostos en la adquisición de mercados adelanta 28.
Otros seis se adelantan por sobrecostos en adquisición de elementos de protección; por trasgresión del aislamiento obligatorio se adelantan nueve procesos.
También se adelantan tres procesos por vulneración de derechos de la población carcelaria con ocasión de la pandemia; otros dos por extralimitación de funciones de servidores públicos y por otros hechos que no fueron explicados en detalles se adelantan 34.
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