La congresista conservadora es investigada penal y disciplinariamente por presunta compra de votos.

Sede de Aída Merlano, candidata al Senado
Momento en que fue allanada la sede de Aída Merlano, candidata al Senado por el Partido Conservador.
Foto: RCN Radio - Iván Duva

La Procuraduría General suspendió por tres meses a la senadora Aida Merlano, quien es investigada disciplinariamente por su presunta participación y conocimiento en una compleja red de compra de votos para las elecciones parlamentarias que se celebraron el pasado domingo.

El Ministerio Público le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) susender todo el procedimiento administrativo para el nombramiento de la congresista. Igualmente le pidió al Partido Conservador suspender a Merlano de la colectividad mientras se adelanta la investigación disciplinaria. 

"Esperamos que en caso opere la silla vacía", precisó el procurador General, Fernando Carrillo Flórez quien calificó los hechos como gravísimos. El jefe del órgano de control disciplinario señaló que las pruebas recolectadas por la Fiscalía General frente a estos hechos de corrupción electoral serán claves para tomar una decisión. 

 

Carrillo Flórez llamó la atención por el hecho que se sigan adelantando estás prácticas en varias regiones del país, las cuales evidentemente lo único que buscan es afectar el proceso democrático mediante la compra de votos y la presión por vía armada a los electores. 

La Fiscalía allanó la sede de campaña de Aida Merlano en Barranquilla en plenas elecciones para Senado y Cámara del pasado 11 de marzo, tras recibir denuncias de una posible red de compra de votantes. 

Durante las diligencias de inspección, agentes del CTI encontraron más de $260 millones en efectivo, mercados empacados, armas de fuego y certificados electorales.

Al respecto la Fiscalía también anunció que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que adelante las investigaciones. 

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, manifestó que dicha campaña política tenía además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios a través del uso de los formatos como son las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante.

Sostuvo que la senadora Merlano para verificar que las personas sí votaron en un puesto específico pedía los certificados de votación y sobre estos grapaba un papel con código QR que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuye el voto.

"Se descubrió que esta campaña llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional en la que se hacía la relación de los líderes el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada", manifestó el Fiscal General.

Sostuvo que al parecer cada voto era pagado a $40.000 con un subsidio de $ 5.000 de transporte y el monto a pagar a cada uno de ellos cambiaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número aumentaba también el valor del voto.

 

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