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Gustavo Petro, presidente electo de Colombia
Gustavo Petro, presidente electo de Colombia.
AFP

La Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado avanzan en la construcción de una hoja de ruta que cierre la puerta a los funcionarios corruptos y a la impunidad, tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de senador Gustavo Petro contra la Nación.

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Para este fin, sostuvieron una reunión el director de la Agencia Gómez Alzate; la viceprocuradora Adriana Herrera Beltrán, y el delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee.

En desarrollo del encuentro se analizaron una serie de instrumentos jurídicos y legales para evitar acciones judiciales que puedan terminar favoreciendo a implicados en actos de corrupción.

“Las dos entidades iniciaron el análisis de los efectos que tendría la decisión de la Corte IDH sobre los procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular, comprometidos con la desviación de recursos públicos, afectación a los derechos fundamentales y obstrucción a la justicia”, indicó la Agencia Jurídica del Estado.

Dentro de las estrategias están siendo exploradas se encuentra la revisión de los instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el control de convencionalidad frente a otros tratados suscritos por Colombia.

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Para los dos organismos judiciales  uno de los temas fundamentales que tiene que ser ser valorado se relaciona con los mecanismos que le den prevalencia a los principios del derecho internacional que la Corte Constitucional ha determinado como vinculantes en Colombia para los tratados internacionales, entre otros, el principio de subsidiariedad del Derecho Internacional de los DD.HH.

Expertos en materia internacional han considerado que la Corte Interamericana exige una serie de reformas a las facultades de la Procuraduría, haciendo caso omiso de la tradición constitucional y de la jurisprudencia.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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