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La falta de legislatura e investigaciones a medias, serían algunos de los problemas de fondo en esa materia.

Centro carcelario (referencia)
Centro carcelario (referencia)
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En medio del escándalo y la polémica que se desató por la libertad del exmagistrado Francisco Ricaurte y el expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, Rcn Radio consultó sobre las razones  por las que se están dando esas decisiones judiciales.

De acuerdo con varios expertos, el problema va más allá de simples ‘artimañas’ de abogados que buscan la libertad de sus clientes o de maniobras dilatorias. Para ellos, la hipótesis del problema es que al Gobierno le falta compromiso y al Congreso crear leyes eficientes. 

“El Estado no quiere darle las herramientas a la justicia para funcionar. Pareciera que todo girara en torno a darle un aparente resultado a la ciudadanía, pero en realidad todo está a favor de las organizaciones criminales”, dijo el presidente de la Corporación de jueces y magistrados, Hermes Dario Lara. 

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Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia consultados por este medio, señalaron que a la Fiscalía General también le faltan herramientas para ahondar en sus investigaciones y combatir los delitos como la corrupción. 

Lara señaló que en el hipotético caso de que los jueces tuvieran las herramientas correctas como por ejemplo, más jueces especializados en corrupción "seguramente los corruptos de ‘cuello blanco’ e incluso varios políticos  “estarían siendo procesados e irían a la cárcel”. 

Sin embargo, la realidad es otra ya que según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, son 2.284 solicitudes de libertad por vencimiento de término que deben estudiar los jueces de control de garantías, además de que en sus despachos reposan entre 200 y 300 carpetas de casos por diferentes delitos. 

“Que el Estado colombiano empezando por el Gobierno y el Congreso le digan la verdad al país. Es que a los jueces no les están dando lo que necesitan para trabajar (...) El sistema no está hecho para que esos proceso fluyan, sino para que sean cada vez más demorados y sea menos oportuna la acción de la justicia”, dijo Lara. 

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La Corporación Excelencia en la Justicia y la Corporación de Jueces y Magistrados, coincidieron en las posibles soluciones para frenar los vencimientos de términos. 

Plantearon la creación de una  legislación que esté acorde con la criminalidad y que garantice celeridad a esa clase de procesos penales, además de más jueces penales especializados en casos de corrupción, teniendo en cuenta que no es lo mismo un proceso por homicidios o hurto, que un caso por estafas masivas donde los protagonistas son grandes entramados criminales de dinero e influencias. 

Otra de las soluciones sería fortalecer la Fiscalía General, para evitar que casos de mayor envergadura como Interbolsa, Saludcoop, el 'cartel de la Toga' y muchos otros, “sean mal investigados, sin soporte ante el juez, quien finalmente tendría que absolver por falta de pruebas”, dijo Lara. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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