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Hacinamiento en las cárceles
Hacinamiento en las cárceles del Valle de Aburrá.
Cortesía: Policía Nacional.

La idea de sacar de prisión a las madres cabeza de familia que cometieron delitos de menor cuantía por primera vez, nació de la necesidad de descongestionar las cárceles y crear un tratamiento penal diferenciado para las mujeres, lo que se conoce como una política criminal con enfoque de género.

El objetivo del proyecto de ley es beneficiar a aquellas mujeres que son cabeza de hogar y que cometieron delitos como hurto o drogas por razones socioeconómicas que dificultaban la manutención de su hogar.

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Investigadores como Juan Sebastián Hernández, de la línea judicial de Dejusticia, explicó que en la mayoría de los casos esas mujeres “son utilizadas por organizaciones criminales y están en rangos bajos en los que ellas no tienen control sobre la operación criminal".

El proyecto también propone la creación de una política de empleabilidad a cargo del Ministerio de Justicia, que busca emplear a este grupo de mujeres cuando salgan de prisión, en trabajos sociales que contribuyan a su resocialización.

Hernández también hace parte del grupo de Dejusticia que hizo un análisis sobre las ventajas de este tipo de proyectos en el país. Explicó que una ley de política criminal con enfoque de género reconocerá “la discriminación y desigualdad estructural que padecen esas mujeres, sus condiciones de pobreza y falta de oportunidades laborales”.

Sin embargo, hasta el momento las ideas están en el papel. Hace dos años que se promovió el proyecto en el Congreso y solo hasta el mes de junio pasado hubo conciliación del texto entre Senado y Cámara.

“Es la primera ley penal de genero especial para mujeres pobres con hijos que cometen delitos menores sin violencia y en lugar de mandarlas a la cárcel y separarlas de sus hijos, puedan permanecer con ellos y cumplir su pena con trabajos de utilidad publica como cuidadoras de ancianos o haciendo trabajos como jardinería, arreglos de parques y de vías”, dijo congresista Rodrigo Lara, promotor del proyecto en el Congreso.

Una vez el proyecto pasó la conciliación, el presidente Iván Duque presentó objeciones el pasado 14 de julio; es decir, planteó argumentos en contra lo que llevó a demorar su promulgación.

No entendemos las razones de las objeciones, porque todas las razones esgrimidas por el gobierno no tienen fundamento. ellos creen que esos beneficios deben extenderse a los hombres, pero no estamos de acuerdo porque los delitos que ellos comenten son distintos y el enfoque que debe haber hacia las mujeres debe ser distinto”, dijo el congresista Lara.

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El 15 de septiembre, la Comisión de Seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que decretó el estado de urgencia por el haciendo en las cárceles, tuvo que pedir al Congreso que aprobara el proyecto.

“Las medidas alternativas al encarcelamiento, como propone el proyecto, presentan ventajas como reducir el hacinamiento carcelario. el Estado ha creído que la cárcel permite resolver todos los problemas de seguridad y eso ha desbordado el sistema carcelario”, dijo Hernández

También advirtió que “las cárceles no previenen la reincidencia sino que la incentivan, porque la resocialización es imposible cuando a la persona condenada se están violando sus derechos humanos”.

La aprobación de este proyecto de ley que beneficia con excarcelación a mujeres cabeza de hogar condenadas por delitos leves aun esta demorada; apenas este miércoles, el Congreso radicó el proyecto ante la Corte Constitucional para su revisión sobre las objeciones del presidente y darle visto bueno.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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