¿Quién es Antonio Luis González, el recordado exfiscal del caso Colmenares?

En septiembre del 2011, el nombre de Antonio Luis González Navarro ocupó las primeras páginas de los medios de comunicación de todo el país. Como fiscal 11 de la Unidad de Vida de Bogotá le imputó cargos a las estudiantes de la Universidad de Los Andes, Laura Moreno y Jessy Quintero por su presunta participación en la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar en hechos registrados de 31 de octubre de 2010.

Con su acento costeño y utilizando un lenguaje coloquial, un poco alejado de los estándares jurídicos, González se convirtió en uno de los protagonistas en el que se convertiría en el proceso más mediático de la década en el país. Sus intervenciones nunca pasaron desapercibidas para los otros sujetos procesales, el público que asistía a las audiencias, los periodistas y la opinión pública en general.

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Su fama se disparó cuando presentó ante un juez de control de garantías a Carlos Andrés Cárdenas, otro implicado en el que se conoció como el caso Colmenares. Para sustentar su investigación, el entonces fiscal se basó en tres testimonios que vinculaban a Cárdenas, Moreno y Quintero en la muerte de Colmenares, cuyo cuerpo fue hallado en el canal de aguas del parque El Virrey en Bogotá.

Estos tres testigos aparecieron en los escritos de acusación presentados contra los jóvenes estudiantes. González sostenía, a su estilo, que los tres procesados habían tenido participación y conocimiento en el ataque violento que había sufrido Luis Andrés Colmenares y que acabaron con su vida.

Sin embargo, poco tiempo después, los tres testigos se fueron cayendo. La misma Fiscalía los capturó y los presentó ante los jueces para que respondieran por los delitos de fraude procesal, estafa y falso testimonio, esto porque habían faltado a la verdad dentro de la investigación con la única intención de recibir beneficios económicos.

Esto representó un duro revés para el caso. Posteriormente González salió del caso y su imagen se empezó a caer en los estrados judiciales. Finalmente, Cárdenas, Moreno y Quintero fueron absueltos al considerarse que no había ninguna prueba que evidenciara su participación en este caso.

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González salió de la Fiscalía General y empezó a litigar. Uno de sus principales casos fue la defensa de Jonathan Vega Chávez, el joven que atacó con ácido a Natalia Ponce de León el 27 marzo de 2014 en el barrio Batán en el occidente de la capital de la República. El exfiscal buscó, durante todo el juicio, que su defendido fuera declarado inimputable puesto que padecía de problemas psicológicos.

Sin embargo, esta estrategia de defensa no le funcionó. En diferentes oportunidades sus argumentos fueron rechazados y el 14 de diciembre de 2016, un juez de conocimiento de Bogotá condenó a Vega Chávez a 21 años y 10 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa y lesiones personales.

En la decisión, el juez consideró que Vega había planeado el ataque a Natalia Ponce de León, a quien había conocido muchos años atrás. El funcionario judicial aseguró que el procesado compró una botella de ácido y la guardó en su casa esperando el momento perfecto para atacar. Ese día se dirigió a la casa donde vivía la joven y se presentó con otro nombre, con el único fin que ella bajara a la portería.

En 2017, González asumió tiempo después a Yara Malo, hija del entonces magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Malo. La joven era señalada de haber presionado y haber solicitado el 30% del sueldo para garantizar el nombramiento en cargos de la Rama Judicial.

El jurista planteó desde la primera audiencia su estrategia de defensa, en esta oportunidad aseguraba que su defendida nada tenía que ver con estos nombramientos, asegurando que la Fiscalía General había presionado testigos y manipulado pruebas para acusarla ante los jueces.

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Posteriormente, el exfiscal asumió la defensa de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, procesada por las irregularidades en la celebración de millonarios contratos en el sector salud cuando fungía como alcaldesa del municipio de Albania.

Este miércoles, González volvió a aparecer en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá. Pero esta vez en calidad de detenido. El exfiscal fue capturado por no haber justificado su asistencia a las dos audiencias de imputación de cargos en una investigación en un proceso que se adelanta por las irregularidades que se habrían presentado en un caso cuando fungió como fiscal de la URI en la localidad de Kennedy.

La Fiscalía General sostiene que en esa oportunidad incurrió en una irregularidad en el manejo de un proceso de abuso sexual del que fue víctima una menor de edad en marzo de 2009. “Habría incumplido con sus deberes constitucionales de protección de un menor de doce años, víctima de acceso carnal abusivo por parte de su padrastro y por el cual quedó embarazada”.

Pese a que ya había sido capturado en octubre de 2018, en esa oportunidad un juez declaró que su detención había sido ilegal por lo que ordenó su libertad inmediata. Sin embargo, ahora, debido a su incumplimiento con la administración de justicia fue recapturado.

González tendrá que responder ahora por los delitos de prevaricato por acción y por omisión.