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Cinco organizaciones proambiental dicen que existen riesgos sobre la potabilidad del agua al usar la técnica de extracción.

Fracking en Colombia
En el escrito se exponen varios argumentos, entre ellos estudios científicos que comprueban los riesgos para la salud.
Colprensa

Cinco organizaciones pro ambientales le pidieron al Consejo de Estado que falle a favor de la salud y el medio ambiente y prohíba el uso del fracking en el país. 

Los colectivos entregaron una serie de documentos para darle más soporte jurídico y técnico al magistrado Ramiro Pazos, que tiene en su despacho una petición para tumbar toda la normatividad que permitirá el uso de la técnica

Daniela García, coordinadora de la clínica jurídica Nuevo Ambiente de la Universidad de Los Andes, dijo que el recurso busca “que el juez tenga en cuenta varios argumentos técnicos y jurídicos para que se decida en declarar la nulidad del marco jurídico y así no se pueda hacer fracking en Colombia”. 

Estudios de la Corporación Geoambiental Terrae que también fueron entregados al magistrado, evidenciarían que no existe suficiente información sobre el estado de los suelos y subsuelos donde se pretende realizar la actividad, “efectos en la calidad del agua dada la falla de los pozos que se generan para el fracking, ademas los sismos que se generan al usar la técnica”, dijo Erika López geóloga. 

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El grupo de organizaciones también presentó copia del último informe que realizó la Contraloría en el que se concluye que no se debe implementar el fracking, alertando que podría generar efectos catastróficos e irreversibles al medio ambiente. 

“La Contraloría hace una alerta ante la falta de información con la que se cuenta actualmente sobre -por ejemplo- el grado de sismicidad en la que se encuentran los territorios donde se pretende implementar y es un llamado de urgencia en donde dice que Colombia no está preparada para el fracturamiento hidráulico, lo que sería poner en un grave riesgo a nuestros territorios y recursos naturales”, dijo Juana Hofman abogada de la Asociación Interamericana por la Defensa del Ambiente.  

En noviembre del año pasado el despacho del magistrado Pazos ordenó como medida cautelar, suspender cualquier tipo de actividad relacionada con el fracking hasta tanto se estudie el caso de fondo y el alto tribunal tome una decisión. 

El magistrado concluyó en esa oportunidad que “la autorización en Colombia para la aplicación del fracking puede acarrear una afectación grave al medio ambiente y a la salud humana”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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