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Ante el Consejo de Estado, Jainne Rozo radicó una tutela contra el presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria, por supuestamente vulnerar su derecho al trabajo al despedirla sin justificación alguna.  

En el documento de 12 folios pide que la reintegren a su cargo como Profesional Especializada Grado 33, en la Oficina de Comunicaciones de la entidad, el cual venía desempeñando desde el año 2014.

Para Rozo, la decisión del magistrado Sanabria fue “arbitraria y con un interés político o personal”, teniendo en cuenta que además él no tendría legitimidad para tomar dichas decisiones, debido a que es uno de los magistrados que ya cumplió su periodo en el cargo.

“En el contexto en que se encuentra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria actualmente, debe señalarse que el señor presidente y algunos de sus magistrados, al sobrepasar ya el período constitucional de ocho (8) años para la permanencia en esos cargos, evidencian una falta de legitimidad para su desempeño”.

Ella resalta que desde 1993 ha laborado para la Rama Judicial y desde el 2003 iniciaron sus labores en la Oficina de Comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura.

Señaló que en el 2014 fue ascendida como jefe de dicha dependencia, hoy adscrita a la Sala Disciplinaria de la Judicatura, de la cual el magistrado Sanabria es su presidente.

Tras la reforma al equilibrio de poderes que dejó en firme la Corte Constitucional, con la cual se crea la llamada Comisión de Disciplina Judicial – la cual reemplazará a la sala disciplinaria – el cargo que Rozo desempeñaba continuaba vigente.

Por lo cual no entiende porqué, teniendo mas de 20 años de experiencia y permanencia en la Rama, el presidente de la Sala la hubiera declarado insubsistente pero posesionado a otra persona en su mismo cargo.

Fue expedido y comunicado de manera intempestiva y totalmente sorprendente, toda vez que en momento alguno había sido objeto de ningún llamado de atención o de quejas por mi trabajo que desempeñaba en el citado cargo, por parte de los presidentes o magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ni del Consejo Superior de la Judicatura”, se lee.

A través de la tutela, ella pide que le sean protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, la estabilidad laboral y el derecho a la educación de su hijo, toda vez que alega ser madre cabeza de hogar.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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