Ramsés Vargas, exrector de la Uniautónoma, se entregará a la justicia: Defensa

La defensa del exrector y representante legal de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Ramsés Vargas Lamadrid aseguró que su cliente se pondrá a disposición de las autoridades en los próximos días.

Esto después de conocer que existe una orden de captura en la investigación que se adelanta por el desvío de millonarios recursos correspondientes al pago de matrículas de los estudiantes.

El abogado Iván Cancino le aseguró a RCN Radio que Ramsés Vargas prepara su entrega a la Fiscalía  para la  próxima semana, pese a que consideraba innecesaria la orden de detención en su contra porque siempre venía entregando las respectivas explicaciones ante la justicia.

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No obstante, el propio fiscal General, Néstor Humberto Martínez advirtió que se intensificaron los operativos para capturar al exrector la Universidad Autónoma del Caribe.

Martínez aseguró que se ordenó investigar a los funcionarios responsables de filtrar diez órdenes de captura que fueron emitidas contra presuntos autores de este escándalo de corrupción privada, la cual facilitó la fuga del exrector.

"Se nos hicieron advertencias sobre la presunta fuga de información por parte del centro administrativo de esa ciudad que daban cuenta de la expedición de las órdenes de captura correspondientes", explicó.

Pese  a esta filtración de información judicial, los agentes de policía capturaron a  los otros nueve presuntos integrantes de esta red criminal que estaría delinquiendo al interior de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla.

Los nueve detenidos son exdirectivos y exempleados de la Universidad quien deberán responder por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documentos, concierto para delinquir y estafa.

Los casos de corrucpión 

Los investigadores evidenciaron que en noviembre de 2017, el entonces rector y representante legal de la Universidad, Ramsés Vargas Lamadrid, reformó el estatuto 131-031 del 5 de diciembre de 2003 para implementar una medida administrativa con la cual se autorizaba el recaudo del dinero en efectivo y se les dio presuntamente una administración desleal, incumpliendo el objeto social de la institución.

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"Al parecer los indiciados, que hacían parte de los órganos de Dirección de la Universidad (Sala General y Consejo Directivo), la Secretaría de Crédito y Cartera, la Vicerrectoría Financiera, Contabilidad y Tesorería, habrían llegado a un acuerdo para perpetrar una defraudación superior a 16.000 millones de pesos", agregó el Fiscal General.