Ratifican proceso contra exgobernador de La Guajira por caso de corrupción
Álvaro Cuello Blanchar había avalado la entrega de millonarias sumas de dinero para un proyecto que no pudo ser finalizado.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el proceso contra el exgobernador de La Guajira, Álvaro Cuello Blanchar por el caso de corrupción que se habría presentado en la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social en la ciudad de Riohacha.
Los abogados del exmandatario pedían que se anulara todo lo actuado dentro de este proceso al considerar que a su cliente se le habían vulnerado sus derechos al debido proceso y a ejercer su legítima defensa.
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Sin embargo, el alto tribunal consideró que estas afirmaciones no tenían ninguna base jurídica ni sustento probatorio hecho por el cual rechazó la solicitud de nulidad.
El exgobernador seguirá enfrentando el juicio por las presuntas irregularidades que se presentaron para la construcción del proyecto Villa Sharín II Etapa que tenía como objetivo la construcción de 150 viviendas de interés social en mayo de 2000.
El proyecto se fijó con la financiación de recursos provenientes de las cesantías y créditos para adquisición de vivienda otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro a sus afiliados, cuya administración correspondía a la gobernación de La Guajira con una cuenta única de destinación específica.
Sin embargo, dos años después, el contrato tuvo que ser suspendido puesto que se determinó la imposibilidad de conexión de las viviendas con las redes de alcantarillado y la ausencia de pan hidosanitario avalado por la empresa aguas Aguas de La Guajira S.A. E.S.P.
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Las autoridades determinaron que para la entrega de dicho proyecto no se adelantó ningún tipo de licitación pública ni se realizó una verificación previa para la escogencia de la constructora encargada. Esto habría presentado una vulneración a los principios de planeación, trasparencia y selección objetiva.
En el primer punto se indicó que no se elaboraron los pliegos de condiciones o términos de referencia, especificaciones técnicas, análisis de conveniencia, ni se establecieron parámetros de selección de mejor oferta, afectando a las finanzas del departamento y la calidad de vida de las personas que no pudieron tener acceso a estas viviendas.
Por estos hechos, el exmandatario departamental es procesado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En el año 2012, el recién electo gobernador Hernando David Deluque Freyle avaló el pago de mil trescientos millones de pesos ($1.326.353.569 exactamente) para la constructora.
El mandatario autorizó el giro de esta suma de dinero sin tener en cuenta que el proyecto no había sido entregado y ya se había fijado que no se podía realizar debido a las dificultades que se habían presentado.
RCN Radio
