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Fiscalía imputa cargos a alcalde menor de la administración de Gustavo Petro
Imputan cargos a exalcalde menor de la administración del alcalde de Bogotá , Gustavo Petro por el delito de peculado
Cortesía Fiscalía

El Consejo de Estado se pronunció sobre la recuperación del orden público, por parte de las autoridades en zonas de conflicto, y cuestionó las labores de investigación de la Fiscalía General de la Nación por capturas masivas, buscando ese objetivo.

"El restablecimiento del orden público no justifica la detención masiva de personas en las zonas con alta presencia de grupos armados al margen de la ley”, advirtió el Consejo de Estado en un fallo que condenó a la Fiscalía a indemnizar en más de 49 millones de pesos a un campesino y su familia por una detención que fue ilegal.

La captura del campesino fue en junio de 2003 junto con otras 52 personas en el municipio de Quipile, Cundinamarca. Él permaneció un mes detenido y sin pruebas en su contra terminó en libertad.

Esas capturas de dieron porque la Fiscalía recibió un informe de la Policía, en el cual se afirmaba que los ciudadanos de ese municipio supuestamente colaboraban con la entonces guerrilla de las Farc.

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El informe de la Policía, con testimonios falsos, según el fallo del Consejo de Estado, fue el resultado de una investigación por la muerte de ocho agentes en un que se atribuyó al Frente 42 de las Farc.

Al parecer la Fiscalía no investigó a fondo los hechos, se quedó en ese informe que le entregó la Policía, pero abrió investigaciones contra 123 personas.

“Las medidas privativas de la libertad que fueron emitidas por la Fiscalía de manera masiva y sistemática en territorios afectados por el conflicto armado y que no gozaron de justificación probatoria constituyen un daño antijurídico que esa entidad está en el deber de reparar”, dijo el Consejo de Estado al revisar ese caso.

El alto tribunal ordenó a la Fiscalía implementar medidas “que aseguran el cumplimiento de requisitos de ley (…) y que las medidas de aseguramiento se ajusten a la existencia de prueba”.

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El Consejo de Estado añadió que “cuando la medida sea anunciada ante los medios de comunicación, deben explicar las razones que condujeron a ella, para que la comunidad conozca” los hechos.

Entre las ordenes, la Fiscalía deberá pedir excusas públicas a la población del municipio de Quipile, Cundinamarca, por “el daño antijurídico que sufrieron los habitantes del municipio, al ser señalados de ser colaboradores de las Farc”.

“El evento se debe desarrollar el caso urbano de la población, con la presencia masiva de la comunidad y la de integrantes de la Fiscalía, que deberá difundir la actividad por sus redes sociales. Además, deberá ser transmitido por un medio local y por uno nacional en televisión, deberá guardarse registro audiovisual, que deberá enviarse a la Comisión de la Verdad y podrá consultarse en la página web de la Fiscalía”, dijo el Consejo de Estado.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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