Recusan al Fiscal del caso contra el gobernador del Cesar, Luis Monsalvo Gnecco
Según el abogado Iván Cancino la recusación se presentó con el fin de que el Fiscal se aparte del proceso.
El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del gobernador del Cesar Luis Monsalvo Gnecco, en un proceso ante la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción en contratos de alimentación escolar, recusó al Fiscal del caso.
Según el abogado, la recusación se presentó con el fin de que el Fiscal se aparte del proceso por algunas “alocuciones o manifestaciones que ha hecho” sobre el expediente contra su cliente que al parecer “le quitarían imparcialidad en el caso”.
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Se trata del fiscal Julio Ospino, cuya auxiliar denunció en la audiencia pasada de medida de aseguramiento que supuestamente había recibido amenazas a raíz del proceso que se adelanta contra el Gobernador por irregularidades en contratos de alimentación escolar (PAE).
De acuerdo con la denuncia, el mensaje intimidatorio lo habría recibido la auxiliar del Fiscal a través de WhatsApp en su teléfono celular, advirtiéndole que debía dejar de “meter las narices en donde no le importa. Evítese problemas y a su familia”, decía el mensaje que hizo público el Fiscal.
La investigación contra el gobernador tiene que ver con presuntas irregularidades en el trámite y la suscrición de un contrato de alimentación escolar en el 2015 que se firmó con el Consorcio Alimentación Escolar -A Salvo-, cuyo costo superó los 17.140 millones de pesos.
Lo que dijo la Fiscalía es que la Gobernación se habría saltado varios requisitos de ley para adjudicar el millonario contrato, llevando a una posible defraudación al erario por más de tres mil millones de pesos.
Por ejemplo, no se habría realizado un estudio previo de viabilidad para escoger al contratista y se habrían presentado pre-pliegos del contrato con varias inconsistencias legales o “amañados”.
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Aunque el Gobernador se declaró inocente alegando que ese proceso de contratación fue delegado a sus funcionarios, la Fiscalía advirtió que esa excusa no lo eximía de responsabilidad, pues como primer mandatario del departamento tenía la obligación de vigilar y velar por la protección de los recursos públicos.
La Fiscalía acusó al Gobernador ante la Corte Suprema de Justicia como presunto responsable de los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado.
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