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SAN ANDRÉS
Foto referencial de un pescador en San Andrés.
Colprensa

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Ministerio del Interior y a la Registraduría Nacional del Estado Civil expedir tarjetones y material electoral en la lengua nativa de los raizales, el creole, para las elecciones que se adelantarán en marzo de 2022.

Igualmente, se deberá desarrollar un programa pedagógico para que las personas que habitan en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina puedan participar de manera activa en el proceso electoral que busca la elección del Presidente de la República y el Congreso.  

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Esta decisión se toma al resolver una acción de tutela que pedía la protección para el derecho a la participación política en condiciones reales, además de garantizar la identidad cultural de la etnia raizal, fomentando la utilidad y uso de su lengua, el creole.

En la acción de tutela presentada por la Veeduría Cívica Old Providence se argumentaba que era necesario entregar los tarjetones en la lengua nativa de los habitantes del Archipiélago con el objetivo de fomentar su participación política y al mismo tiempo el fomento del creole.

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El Tribunal aceptó los planteamientos y ordenó tomar todas las medidas con el fin de proteger el ejercicio democrático. En el fallo se advierte por las constantes barreras que tienen los raizales para participar en el proceso electoral puesto que los tarjetones llegaban en castellano.

“En la actualidad, el pueblo raizal se ve obligado a aprender el idioma castellano, el cual es ajeno a sus raíces, tradiciones y ancestros; sin embargo, el mismo se ha convertido en una exigencia para poder ejercer sus derechos políticos”, señala uno de los apartes del fallo.

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Con esto se pide proteger el artículo 2 de la Constitución Política que fija las garantías de participación material y efectiva de la población colombiana, en las decisiones que incidan en su vida política, económica, social y cultural, como son las elecciones.  

En la decisión se ampararon los derechos a la igualdad, la participación política, la identidad cultural y el derecho a la oficialidad de lenguas y dialectos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá expedir material bilingüe electoral (en castellano y creole), durante los comicios electorales. Además, deberá conformar una comisión técnica para desarrollar programas pedagógicos de participación política de la mano con el pueblo raizal.

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“Esta decisión es pertinente en este momento, en medio de la lucha del pueblo raizal por salir adelante luego del paso de Iota y de todo lo que ello ha generado en términos de protección de la etnia. Por lo tanto, el fallo proferido disminuye las brechas sociales, políticas y económicas que se han construido a lo largo de los años y que han impedido un verdadero goce de los derechos del pueblo raizal”, detalló María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la cual acompañó la tutela.

Torres advirtió por la necesidad de preservar la lengua nativa de la comunidad para evitar la pérdida de uno de los elementos esenciales de su cosmovisión como etnia.

Fuente

Sistema Integrado Digital

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