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El excomandante paramilitar cumplió su condena en los Estados Unidos por narcotráfico.

Salvatore Mancuso
Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar.
Foto: Colprensa

Para el próximo 27 de marzo estaba programada la deportación del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. Sin embargo, los planes cambiaron por las decisiones que tomaron tanto los gobiernos de Estados Unidos como de Colombia para evitar la propagación del coronavirus.

La primera medida es la cuarentena que ordenó el Gobierno de Donald Trump en todas las cárceles del país por un término de 30 días. La medida restringe las visitas de familiares y abogados a los centros carcelarios.

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Debido a esto, también se suspendió cualquier tipo de trámite de traslado a las cortes de EE.UU. para adelantar diligencias judiciales o, como en el caso de Mancuso, un traslado al aeropuerto –los cuales también cuentan con fuertes restricciones- para que se adelante su deportación.

A esto se le suma la medida tomada por el presidente Iván Duque de restringir el ingreso de “no nacionales y no residentes en Colombia” como medida preventiva para evitar la propagación del Covid-19.

El jefe de Estado ordenó esta restricción para aumentar la protección en las fronteras y los controles migratorios, esto teniendo en cuenta el considerable número de casos en Colombia.

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El pasado 25 de noviembre una jueza de ejecución de penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior Bogotá ordenó la libertad a prueba del exjefe paramilitar al considerar que ha estado privado de la libertad más de ocho años, que es uno de los requisitos para los postulados a Justicia Paz. 

Sin embargo, Mancuso tiene dos procesos penales en Colombia relacionados con el lavado de activos. Debido a esto, según señaló la Fiscalía General, deberá pasar por una cárcel mientras se resuelve su situación jurídica.

Mancuso presentó formalmente en junio de 2019 su acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento se comprometió a colaborar con la reparación de víctimas y aportar a la verdad de los hechos que se presentaron durante el conflicto armado. 

 “Quiero decirles que la Ley de Justicia y Paz, debido a las fallas conceptuales y múltiples deficiencias, está en agonía y no se vislumbra una fecha para terminar ese proceso; recordemos que fui el primero en advertirlo en el año 2006”, precisó el excomandante paramilitar.

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