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KAREN ABUDINEM
La ministra de las TIC, Karen Abudinem, en el debate de moción de censura.
Colprensa

La Fiscalía General le solicitó a la jueza 53 de control de garantías que legalice las capturas de los empresarios Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde en el marco del proceso penal que se adelanta por las irregularidades en la licitación y puesta en marcha del billonario contrato entregado por el Ministerio de las TIC a la Unión Temporal Centros Poblados.  

La delegada del ente investigador señaló que las detenciones realizadas en la mañana del pasado lunes 20 de septiembre fueron avaladas como ordena la ley. Al momento de las capturas se les informó de manera correcta los motivos de la detención y se les leyeron sus derechos.

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En su petición, la fiscal presentó apartes de las pruebas documentales y testimoniales que permiten inferir que existió un plan entre Tapia, Duque y Laverde para afectar el proceso licitatorio y recibir el contrato avaluado en 1.3 billones de pesos y que tenía como objetivo la instalación de 7.277 centros digitales para brindar internet en planteles rurales del país.

Esto pese a que no contaban con la experiencia ni tenían el conocimiento para crear redes en las zonas apartadas del país. Para lograr su cometido, los representantes de esta Unión Temporal –conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S- pese a no cumplir con las exigencias obtuvieron el contrato avaluado en 1.7 billones de pesos.

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El documento de garantía de seriedad de la oferta fue manipulado para presentarlo en el proceso licitatorio, llevando así al error a las funcionarias  del MinTIC, Sandra Orjuela, evaluadora jurídica y Adriana Vanesa Meza Consuegra, secretaria general del Ministerio.

Con este documento falso del Banco Itaú quisieron mostrar que tenían la capacidad bancaria para obtener el pago del valor asegurado en caso de un siniestro. “Es usted también (en referencia al representante de Centros Poblados) quien los carga en la plataforma del Secop 2 y por supuesto son estos documentos los que sirven como prueba para dar cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución previo a la suscripción del acta del inicio necesaria por supuesto para la consecuente entrega del anticipo".

La Fiscalía General les va a imputar los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.  

Fuente

Sistema Integrado Digital

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