Revelan grabaciones que comprometerían al general (r) Palomino con tráfico de influencias

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al general en retiro Rodolfo Palomino por un supuesto tráfico de influencias de servidor público; es decir, lo señalan de querer frenar un proceso al parecer contra el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, en febrero de 2014.

Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía reveló una grabación que comprometería al general en el hecho. Se trata de un audio grabado en febrero de 2014 por la fiscal Sonia Lucero Velázquez, quien fue reconocida como víctima en el proceso contra Palomino.

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Según el expediente, la fiscal tenía lista una orden de captura contra el empresario y otras trece personas por presunto lavado de dinero. Para la época de los hechos, recibió una visita del general (r) Palomino en su casa, donde guardaba todo su trabajo.

Según la grabación que se reveló y fue leída en medio de la audiencia de acusación, Palomino habría pedido a la fiscal “dejar eso por un tiempo” porque sería un escándalo, dado a que el empresario supuestamente se ‘codeaba’ con personajes influyentes de la vida publica y nacional.

“Dentro de este listado, que son como 14 personas en el tema de lavado en el Quindío, cuando uno ve una obra de este personaje uno dice: “Gallo Restrepo?” pues no, uno se sorprende. Yo quiero convencerla a usted de una propuesta, y de ser, espero que no sea calificada como una propuesta indecente; qué tal si dejamos eso por un tiempo”, dijo la fiscal del caso al leer la grabación.

Mas adelante, la fiscal leyó “donde esa persona (Gallo Restrepo) se ha estado moviendo. Un amigo personal de Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial, eso tendría una connotación enormemente grabe”.

Para la defensa del general (r), el abogado Isnardo Gómez, esa prueba no tendría suficiente validez dado a que supuestamente no se “descubrió” adecuadamente el celular con el cual fue grabada la conversación.

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En medio de la audiencia de acusación contra Palomino, la Corte aceptó como víctima a esa fiscal porque la presencia del uniformado en su vivienda pudo generar “intimidación y afectaciones”.

“La presencia considera razonable que la presencia del acusado en la residencia de Velásquez haya generado en ella y en su familia un sentimiento de intimidación. Porque la visita era de ineludible atención dado el reconocimiento del cargo que el procesado ostentaba para la época”, dijo el magistrado Jorge Caldas.

La Corte reprochó que, aunque la fiscal utilizaba su casa como una oficina de trabajo, “la visita tuvo lugar un día no hábil laboral generalmente destinado al esparcimiento personal y familiar”.