Revive polémica por decreto para decomisar la dosis personal

Se viene un nuevo capítulo del polémico Decreto 1844 de 2018, que permite el decomiso de la dosis personal de estupefacientes por parte de la Policía.

Katerine Miranda, congresista que interpuso una demanda contra esa medida implementada por el Gobierno nacional desde octubre del año pasado, aseguró que la medida busca disminuir el consumo atacando al consumidor de manera policiva y dejando intacta la cadena criminal que está antes.

Advirtió que “acá solo se está atacando el eslabón más pequeño de la cadena, que es el consumidor, al cual se debe tratar mediante una lógica de salud pública y acá no se está atacando fuertemente a los grandes productores, ni a los narcotraficantes ni al crimen organizado”.

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Agregó que “a esto le falta todo y le sobra todo, el daño social no puede ser atacado con comparendos del Código de Policía, esto debe ser abordado con educación, con programas para jóvenes, con una verdadera lucha contra el narcotráfico. No puede ser que el Gobierno nacional controle los problemas de la calle a punta de nada más que comparendos”.

Según Miranda, los estudios sobre la disminución del daño no son concluyentes, ni mucho menos científicos: “el Gobierno quiere tapar el sol con un dedo frente al flagelo de la droga”.

Las declaraciones se dan luego de que el diario El Espectador revelara extractos del texto de defensa que se redactó en el proceso de demanda del decreto ante el Consejo de Estado.

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Allí el Gobierno nacional argumenta que "no estamos ante una libertad individual privilegiada frente a la cual el Estado deba abstenerse de intervenir y asumir una actitud puramente de respeto y distancia, de un simple dejar hacer en la órbita de autodeterminación de la personalidad. Por el contrario, la adicción a las drogas es vista por la Constitución como una condición problemática de salud individual con repercusiones familiares y sociales y de orden público, que por su mera existencia activa claros deberes y obligaciones para el Estado”.

El Gobierno defiende que los derechos de los consumidores deben ser subordinados o dependientes del daño social que implica el consumo, por lo tanto el Estado podría tomar medidas para reducir el daño.