Roberto Prieto, a juicio disciplinario por el caso Odebrecht

La Procuraduría General formuló pliego de cargos en contra del empresario Roberto Prieto Uribe por presuntamente haber omitido datos y registros de los dineros que ingresaron a la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2014 y de la cual el fue el gerente.

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El órgano de control disciplinario considera que el empresario no entregó el reporte original del informe de ingresos y gastos de la campaña que él gerenciaba a cierre de junio de 2014, es decir, el que representaba la primera vuelta presidencial. 

Las pruebas recolectadas indican que se omitió incluir las donaciones hechas por particulares, en especial las que tenían relación con la Sociedad Extranjera Constructora Norberto Odebrecht S.A. por un millón de dólares. 

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La Procuraduría infiere que dicha acción fue motivada por el conocimiento que tenía Prieto de la prohibición que establece la ley a las campañas presidenciales recibir aportes de empresas que tengan contratos o interés de contratar con el Estado.

Con las pruebas recolectadas en la investigación que inició en septiembre de 2018 se señala que el dinero aportado por Odebrecht a la campaña 'Santos Presidente 2014' habría sido utilizada para mejoras la publicidad y estrategias de comunicación. 

Para evitar llamar la atención de las autoridades de control electoral se habría ejecutado una estrategia para que el dinero llegara a la empresa de publicidad contratada por la campaña presidencial.

En el pliego de cargos la Procuraduría General calificó provisionalmente la conducta de Prieto Uribe como gravísima a título de dolo puesto que sabía que estaba ocultando y manipulando información. 

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Prieto fue sentenciado en mayo de 2019 a cinco años de prisión después de firmar un preacuerdo con la Fiscalía General en el cual reconocía su participación en los delitos de contrato sin requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado. 

En ese proceso penal la Fiscalía General lo señaló de haber intentado mover influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III, para la construcción del puente Plato (Magdalena).

Debido a su posición social e influencias ejerció supuestas presiones en favor de Yuma Concesionaria. Por su labor habría recibido 650 millones de pesos, los cuales fueron cobrados por medio de una factura ficticia expedida por la empresa Megaland S.A.S.

El empresario se encuentra privado de su libertad desde junio de 2018.