Senadores denuncian ante la ONU presuntos casos de ‘falsos positivos’ en Putumayo

Los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Angélica Lozano, enviaron una carta a Morris Tidball-Binz, Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, para informar sobre presuntos hechos que según ellos, revelan cómo en Colombia continúan perpetrándose los denominados 'falsos positivos'.

En la misiva, los congresistas denuncian por sus presuntas irregularidades, el operativo militar en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que murieron once personas, y otras situaciones en las que “ponen de presente que no se trata de circunstancias aisladas, sino de una sistematicidad en una nueva oleada de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, que ameritan un examen integrado y riguroso por parte de los órganos competentes”, señalan.

De acuerdo con los legisladores, dichas situaciones, “guardan similitudes con el capítulo de los mal denominados ‘falsos positivos’, ocurridos en Colombia entre 2002 y 2010”.

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“Las inconsistencias en las versiones rendidas por la fuerza pública, así como las contradicciones identificadas entre aquellas y las declaraciones hechas por víctimas y testigos y la evidencia recaudada por las instituciones oficiales, organizaciones sociales y de Derechos Humanos y los equipos de periodistas, alertan sobre la necesidad de examinar a fondo esos hechos para garantizar tanto el pleno conocimiento de la verdad sobre lo ocurrido, como la cabal protección de las personas y comunidades afectadas, su acceso a la justicia y a la reparación, y especialmente para prevenir la repetición de circunstancias como éstas en un futuro”, señala la misiva. 

Para los congresistas, existe “un discurso institucional que impulsa o -al menos- justifica y tolera la comisión de ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, sustentado en la eficiencia de los resultados operacionales al interior de las instituciones militares”. 

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En ese sentido, pidieron al relator informar al Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas, intensificar el diálogo con el Gobierno nacional y otras instituciones del Estado colombiano, así como con actores de la sociedad civil y realizar una visita al país. 

“Con el fin de examinar la situación de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que han ocurrido en los últimos cuatro años, y formular recomendaciones al Gobierno colombiano y a otros agentes acerca de la defensa del derecho a la vida”, puntualizaron.