Son condiciones imposibles de cumplir: trabajadores de la Rama Judicial sobre acuerdo de teletrabajo

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia rechazó al acuerdo firmado por el Consejo Superior de la Judicatura el 14 de diciembre del 2022, en el que explicaban las condiciones que debían cumplir los funcionarios de la Rama Judicial para acceder al teletrabajo. 

A través de un comunicado, el colectivo advirtió que en el acuerdo se dan a conocer los requerimientos que se debe cumplir para acceder a lo que ellos califican como un derecho, pero recalcaron que esos requisitos no se cumplen ni siquiera en las instalaciones de los despachos, o judicaturas a nivel nacional. 

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Mencionaron que con condiciones como el mínimo de años ligados al trabajo judicial, logros por desempeño y metas establecidas por la autoridad de justicia, se establecen barreras que complican el desarrollo de las funciones de los empleados de la Rama Judicial. 

"Consideramos que el acuerdo, como fue expedido, es una forma develada de obligar al regreso a las Sedes Judiciales, pues nadie podrá dar cumplimiento a los requisitos y condiciones que ni siquiera la Rama Judicial ofrece a los funcionarios en sus instalaciones, en las que no hay baños, lugares con ventilación y luminosidad adecuada", resaltó el Colegio de Abogados Penalistas en el comunicado. 

En el documento recalcaron que el Gobierno debe garantizar acceso al teletrabajo, pues señalan que no es un premio o beneficio como quiere hacerlo ver el Consejo Superior de la Judicatura. 

"Ante la imposibilidad de acceder al teletrabajo que, reiteramos, no es un favor, una prebenda, un premio o un reconocimiento, sino un derecho de cualquier trabajador, con independencia de su permanencia en el cargo o su rendimiento, hoy los judiciales están de regreso en las sedes judiciales realizando las audiencias de manera virtual sin tener las condiciones mínimas para ello", concluyeron.

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Finalmente, desde el colectivo pidieron que se diera correcto cumplimiento a la Ley 2213 que fue expedida en 2022, en la que se establece la virtualidad como pilar fundamental de la justicia a consideración del juez, o magistrado de los casos.