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La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional se tomaría la semana del 14 de octubre.

Corte Constitucional de Colombia
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Colprensa

La Sala Plena de la Corte Constitucional se alista para tomar una decisión de fondo sobre la Ley de Financiamiento. Hay 24 demandas, cada una con una ponencia, pero en la sala del 16 de octubre, se van a estudiar las cuatro primeras y la decisión que se tome sería la definitiva.

Una de esas ponencias, que conoció RCN Radio, le correspondió al magistrado Carlos Bernal que señala que no hubo vicios de forma en su trámite por el Congreso de la República.

La ponencia de Bernal unifica dos demandas, la que presentó el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y las de los congresistas Jorge Robledo, Germán Vargas Talero y otros por supuesta vulneración de los principios de publicidad, participación democrática, consecutividad y legalidad tributaria.

Bernal hace un estudio sobre el trámite que se surtió en Senado y Cámara para la aprobación del articulado y concluye que de las 122 disposiciones que fueron aprobadas en Cámara, 93 guardaban conexidad con el proyecto radicado para segundo debate en plenaria.

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Además, algunas fueron objeto de especial énfasis en la intervención que realizó el senador David Barguil, al explicarlas ante los congresistas.

La Sala Plena también tiene en sus manos otras tres ponencias de la magistrada Cristina Pardo, que al parecer podrían tumbar parte de los artículos 80, 4, 102 y 103 del articulado.

En ese sentido, el artículo 80 se caería por violar el principio de equidad tributaria, debido a la sobretasa que se le impone al sector financiero, esto es que “las entidades financieras con renta gravable igual o superior a 120.000 UVT deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta durante los períodos gravables 2019, 2020, 2021”.

La ponencia tendría en cuenta el argumento de la demanda cuando señala que el Gobierno no dio aval para imponer dicha sobretasa.

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Los artículos 4, 102 y 103 se caerían parcialmente, dándole la razón al demandante que considera que violan el principio de seguridad jurídica y de igualdad.

Por ejemplo, el demandante considera que la ley no hace distinciones entre el origen de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras para ser responsable del IVA sobre las ventas, esto quiere decir que la norma “se pasa por alto la procedencia de los recursos y su relación con los hechos generadores del IVA”, porque el criterio para determinar si un comerciante es o no responsable del pago del impuesto, recae únicamente en que sus consignaciones, depósitos o inversiones financieras hayan sobrepasado los 3.500 UVT (Unidad de Valor Tributario).

El magistrado Alejandro Linares volvería a presentar la ponencia después de estudiar las pruebas que pidió al Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal a corto, mediano y largo plazo de la Ley de Financiamiento.

El magistrado solicitó un análisis sobre las estimaciones de recaudo para los próximos cuatro años, un estudio sobre los escenarios posibles en materia económica para el país, entre ellos, la aprobación de la ley, nulidad de la misma o la aprobación parcial “con expulsión del ordenamiento jurídico del parágrafo 7° del artículo 80 de la Ley”.

Linares también solicitó una estimación del recaudo esperado de ingresos tributarios en los impuestos del IVA plurifásico a  cervezas, el impuesto al consumo de bienes inmuebles, las tarifas del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Patrimonio

Fuente

Sistema Integrado de Información

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