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Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
AFP

Este vienes 6 de septiembre vence el plazo para que todos los civiles con investigaciones por haber participado en el conflicto armado se presenten a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Se trata de un trámite que por ley no es obligatorio, pero que permitirá a los terceros implicados en la guerra acogerse de manera voluntaria a la justicia transicional y, eventualmente, recibir los beneficios que otorga este tribunal.

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Entre los personajes que pueden presentarse se encuentran todos los financiadores de grupos armados en las diferentes regiones del país, así como los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, congresistas y parapolíticos.

Sin embargo, a falta de apenas cinco días para que se venza el plazo, y pese a los beneficios que implicaría acogerse a la JEP, solo unos 630 han pedido acogerse al tribunal. De ellos, 589  presentaron su solicitud directamente a la JEP, mientras que 41 lo han hecho por medio de los respectivos fiscales de sus casos. 

Se trata de una cifra muy reducida si se tiene en cuenta que al menos unas 15.000 compulsas de copias del proceso de Justicia y Paz sobre terceros que ahora están en manos de la jurisdicción especial.

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Cabe recordar que el plazo que vence este viernes es para quienes fueron vinculados en investigaciones penales antes del pasado 9 de junio, fecha en la que entró en funcionamiento la Ley Estatutaria de la JEP. Quienes sean vinculados en las fechas siguientes tienen tres meses para comparecer ante el tribunal.

Pese a esto, los civiles y agentes del Estado no pertenecientes a las Fuerzas Armadas deberán decir toda la verdad sobre su participación en el conflicto armado para accede a los beneficios de la JEP.

Fuente

Sistema Integrado Digital

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