Testigos del caso Aníbal Gaviria buscan principio de oportunidad con la Fiscalía

El suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, es investigado por presuntos actos de corrupción en el contrato de obra para la Troncal Paz en el 2005, cuando se desempeñó como mandatario seccional en su primera administración.

En su contra hay varios testigos que podrían desenredar los hechos que rodearon la adjudicación del contrato, pactado inicialmente por 41.663 millones de pesos con dos adiciones; una de 3.995 millones y la segunda por 16.334 millones más la ampliación del plazo en 22 meses.

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Se trata de José Narváez  y Luis Solarte, quienes están en proceso de firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación.

Ellos fueron los representantes legales del Consorcio Troncal de la Paz que en 2005 firmó el millonario contrato con la gobernación en cabeza de Gaviria.

La Corte Suprema de Justicia, en una decisión tomada el dos de agosto, aceptó sus declaraciones como testigos en medio de juicio que está a punto de iniciar; sin embargo, la defensa de Gaviria pidió rechazar los testimonios argumentando una supuesta violación al derecho de legítima defensa.

Lo que señalan los abogados es que no se conocen los pormenores de los supuestos acuerdos que los testigos tendrían con la Fiscalía.

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RCN Radio pudo confirmar que Narváez fue el gerente administrativo del proyecto de mejoramiento y pavimentación de la Troncal y quien sabría de primera mano el rol que cumplió Gaviria en el proceso de suscripción del contrato.

Por su parte, Solarte fue integrante del contratista Consorcio Troncal, representante legal y quien suscribió el contrato adicional número uno. En su caso podría explicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que rodearon la modificación de las condiciones de ejecución del contrato y la supuesta injerencia de Gaviria en el proceso.

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Para la Fiscalía, Solarte podría informar sobre las situaciones que motivaron la compra de maquinaria para las obras con recursos de los anticipos, teniendo en cuenta que los equipos eran de propiedad del consorcio.

“El testimonio de Solarte Viveros permitirá verificar la incidencia del acusado y de otros servidores públicos en las decisiones adoptadas con relación a los hechos precitados”, se indica en el documento consultado por este medio.

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El escrito de acusación de la Fiscalía contra Gaviria indica que la Gobernación pagó tres anticipos al contratista así: “i) El 22 de diciembre de 2005, $10.375.000.000, equivalente al 29% del valor inicialmente contratado; ii) El 21 de diciembre de 2006, $2.100.000.000, por el incremento del anticipo del contrato principal en el 5,95%; iii) El 28 de diciembre de 2007 en cuantía de $6.980.000.000, equivalente al 50% del valor adicionado en el otrosí 2”.

“El ente acusador le reprocha la falta de vigilancia por parte del aforado al proceso contractual pues, de acuerdo con lo consignado en el pliego de condiciones, para el momento en que se efectuó el pago del primer anticipo, la Gobernación no estaba habilitada para hacerlo (…) También puso de presente la precaria y tardía labor de la interventoría”, dice el escrito.

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Por esas irregularidades, Gaviria es investigado por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros.