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Indígenas Santa Marta
RCN Radio

La Corte Constitucional amparó el derecho a la participación de los resguardos indígenas que se ubican en la denominada ‘Línea Negra’ de la Sierra Nevada de Santa Marta, frente a los proyectos de extracción minera. 

Ese tribunal estudió dos tutelas presentadas por los gobernadores de esos resguardos, quienes denunciaron la existencia de varios proyectos exploratorios y extractivos en el aérea, sin que se haya garantizado su participación efectiva.

Sostuvieron que se otorgaron licencias para el desarrollo de esos proyectos y que tendrían la obligación de participar en 395 consultas, cantidad que desbordaba su capacidad operativa para la participación.

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La Corte recordó que el derecho a la participación de los pueblos indígenas y tribales se materializa, dependiendo el mismo del nivel de afectación al que se vea expuestos y que la ‘Línea Negra’ es el territorio ancestral de esos pueblos que debe ser protegido.

Según la definición que se lee en el portal de la Confederación Indígena del Tayrona, esa zona es “la base o el cimiento de la Sierra Nevada de Santa Marta y resulta de forma natural como la línea por donde se proyecta la fuerza de la Sierra Nevada a su alrededor para su propio equilibrio”.

En su estudio, la Corte llamó la atención de las autoridades porque a la fecha no ha funcionado la Mesa de Seguimiento y Coordinación, en donde se establecerían soluciones concertadas para la garantía oportuna y efectiva del espacio ancestral de los cuatro pueblos indígenas, pero que sí tiene la obligación de garantizar el derecho a la participación de esas comunidades.

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Órdenes de la Corte

En ese sentido y sobre las tutelas que presentaron los indígenas, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno poner a funcionar la mesa “como espacio de planeación integral y estratégica del territorio con presencia activa y efectiva de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa”.

Ese tribunal también le dio al Gobierno un plazo de nueve meses para que realice el estudio de las solicitudes y títulos de exploración y explotación existentes en la 'Línea Negra' y concluya los trámites de participación.

Asimismo, la Presidencia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tienen 12 meses para finalizar el proceso de cartografía, que detalle la localización geográfica de la 'Línea Negra'.

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Entre tanto, los ministerios del Interior, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía y de Transporte, así como a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Minería, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las Corporaciones Autónomas Regionales de Cesar, Magdalena y La Guajira, tienen 12 meses para crear una plataforma de información en donde se publique de forma oportuna y detallada, el tipo de solicitud que se realice, los trámites que se surten y el número de proyectos vigentes en el país.

Finalmente, la Corte Constitucional advirtió que esa plataforma de información debe ser pública y permitir que sea consultada “a través de un link en la página web de las respectivas entidades”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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