"Todos los implicados deberán responder por Hidroituango": vicecontralor general
El funcionario aseguró que los hechos y las omisiones relevantes se generaron entre los años 2008 y 2015.
El vicecontralor general, Julián Ruiz, aseguró que luego de conocerse la imputación de cargo a 28 funcionarios, ex funcionarios y contratistas por los constantes errores en el diseño y la construcción del proyecto de Hidroituango (una de las obras de ingeniería más grandes del país), "todos los implicados deberán responder".
En diálogo con RCN Radio, el funcionario dijo que "las decisiones de los errores normalmente son compartidos. Tenemos 28 imputados entre los que encontramos a los contratistas, los constructores tanto de túneles como de las obras de superficie; el gerente de EPM y la Sociedad Ituango. Tenemos alcaldes, gobernadores, a los interventores, a los responsables de los diseños y de las asesorías".
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Afirmó que el caso Hidroituango, "es un cóctel de hechos, omisiones y de actuaciones. No hay una sola línea de responsabilidad ni de nivel de responsabilidad. Nuestra ley nos indica que es responsable aquel que con dolo o culpa grave, contribuye al daño del patrimonio público".
(Audio) Julián Ruiz, vicecontralor general, sobre imputación a 28 persinas tras emergencia en Hidroituango.
El vicecontralor aseguró que los hechos y las omisiones relevantes se generaron entre los años 2008 y 2015. Argumentó que que las emergencias más graves se desataron en 2018 tras las inundaciones y afectaciones con la mortandad de vida en el río Cauca y cientos de personas que resultaron damnificadas.
"Es una cadena de errores y me quedaría describiéndolos por muchas horas", relató el funcionario, tras mencionar qué viene ahora luego de la imputación de cargos a esas 28 personas por su posible responsabilidad en el caso de la construcción de la hidroeléctrica de Ituango.
"Lo que se viene es el traslado de esta imputación para que los presuntos responsables presenten sus argumentos sobre lo que les imputa la Contraloría. Se viene la etapa donde los imputados ejercen con todas las garantías, su derecho a la defensa y luego se deberá proferir un fallo", explicó.
Esa entidad estima que el detrimento patrimonial es de 4.1 billones de pesos, que se dividen en dos escenarios. Uno de ellos es lo que dejó o va a dejar de percibir el proyecto por la entrada de energía, a raíz de los retrasos que se han generado en la obra.
El segundo escenario es la pérdida del valor del proyecto, "es decir, cuánto cuesta ese proyecto hoy, teniendo en cuenta las inversiones iniciales, las inversiones adicionales y lo que se esperaba recibir en flujo de dinero hacia futuro. Eso es 2.9 billones de pesos según los cálculos financieros correspondientes", concluyó el vicecontralor.
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