Tras caso de Aida Merlano, ¿quién debe asumir investigación por fuga de presos?
El caso podría ser asumido por la Corte Suprema o la Fiscalía y depende de si Merlano mantiene el fuero de congresista.
La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia está a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informe oficialmente sobre la fuga de la excongresista Aída Merlano, para determinar si asume o no la nueva investigación que se abriría en su contra por el delito de fuga de presos.
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Sin embargo, al interior del alto tribunal existe una duda sobre el fuero de Merlano como congresista, debido a que si no lo tiene, esa investigación le correspondería asumirla a la Fiscalía General de la Nación.
En ese sentido, el Congreso de la República tendría que informar a la Corte Suprema sobre la situación política de Merlano.
Por lo pronto se sabe que el Consejo de Estado ha decretado la pérdida de investidura en primera instancia contra Merlano, por haber violado los topes electorales de campaña, pero ese fallo no estaría en firme debido a que aún se encuentra en etapa de estudio la segunda instancia, en ese mismo tribunal.
Otros procesos contra Merlano
La excongresista Aida Merlano afronta otros procesos de pérdida de investidura, entre ellos una demanda que buscaba “su muerte política” o su imposibilidad para ejercer cargos públicos, por no posesionarse en el Congreso de la República cuando fue capturada por delitos electorales.
En esta oportunidad, la primera instancia negó las pretensiones de la demanda porque consideró que el motivo para no posesionarse fue ajeno a su voluntad, al haber sido privada de la libertad. "No estaba en su resorte resistirse a la medida", indicó el Consejo de Estado.
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En otra decisión, el pasado 16 de mayo la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló su elección como senadora porque consideró que sí “existió una organización que tenía como propósito principal comprar votos” a su favor.
El alto tribunal de lo contencioso administrativo determinó que la organización de la cual hacía parte Merlano había contribuido a que no se respetara “el derecho a elegir y ser elegido, y a que el voto sea libre y secreto, además, de todos los principios democráticos de orden constitucional que rigen la materia electoral”.
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