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El exalcalde de Bogotá solicitó la protección de sus derechos en el marco del proceso por el reajuste en las tarifas de TransMilenio.

Senador y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Gustavo Petro, senador y ex alcalde de Bogotá.
Foto: AFP

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revivió las medidas cautelares para el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego dentro del proceso fiscal que se le adelanta por las irregularidades en el reajuste en las tarifas de TransMilenio.

Con esta decisión se suspenden los alcances de la sanción de la Contraloría General contra el excandidato presidencial por su presunta responsabilidad en el detrimento de 217 mil millones de pesos por el cambio de las tarifas en el sistema masivo de transporte en las horas valle.

Con ponencia del magistrado Óscar Armando Dimaté, el Tribunal Administrativo repuso la providencia del 21 de julio de 2014 “mediante la cual se denegó la solicitud de medida cautelar” presentada por el exmandatario distrital mientras se toma una decisión de fondo en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del fallo de la Contraloría.

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Debido a esto se decretó parcialmente “la suspensión provisional de los efectos jurídicos” de los fallos de responsabilidad fiscal emitidos entre enero y octubre de 2016 “en lo que respecta al demandante, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, y mientras se resuelve de fondo el presente asunto”.

Petro Urrego presentó esta demanda pidiendo la protección de sus derechos políticos, resaltando que existió una violación al debido proceso en la sanción emitida por la Contraloría General. Por esto pide que se revalúe el fallo y se anule todo lo actuado.

En la acción judicial sostiene que este fallo de responsabilidad fiscal le impiden ejercer sus derechos políticos, en particular el de desempeñar cargos públicos –como el de senador- y contratar con el Estado “por ende, son los cargos que públicos, hecho que por sí mismo también comporta la demostración del daño y/o perjuicio que se requiere como presupuesto para la procedencia de la medida”.

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En su argumentación, Petro sostuvo que actualmente no cuenta con los recursos económicos suficientes para pagar la multa impuesta por el órgano de control fiscal, reseñando que le ha quedado imposible pagar la pensión del colegio de sus hijos y la administración del conjunto en el que vive.

“La Sala valora y les da plena credibilidad; medios de prueba que sin duda alguna, demuestran de manera sumaria el prejuicio que le acarran los actos administrativos demandados al actor, pues, siendo de público conocimiento que él se ha desempeñado, en parte de su vida, a la función y/o el servicio público, la inhabilidad derivada del proceso de responsabilidad fiscal tuvo incidencia en su derecho al trabajo, esto es, al ejercicio de determinados derechos políticos como ocupar cargos públicos, como también para contratar con entidad con entidades pública de cualquier orden”, precisa el fallo.

El Tribunal Administrativo tomó esta decisión después que el Consejo de Estado anulara el fallo emitido el 3 de noviembre de 2017 en el que anuló las medidas cautelares al considerar que se habían presentado fallas de procedimiento en el debate y la emisión de la sentencia.

Fuente

RCN Radio

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