Tribunal admite billonaria demanda por contagios de covid en cárceles del país
La pretensión de la demanda asciende a los 3,17 billones de pesos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda de acción de grupo que fue instaurada contra la Nación por los casos de contagios de covid-19 que se han registrado en las cárceles del país, desde el 10 de abril de 2020.
Los magistrados del Tribunal indicaron que el estudio de esta demanda se delimitará a los guardianes que se han visto contagiados, pese a que la pretensión de la acción de grupo hace también referencia a los presos y sus familias.
La acción judicial busca que se declare responsable por el manejo para la prevención y contagio de los casos covid-19 en las cárceles del país al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Presidencia de la República, la Uspec y el Ministerio de Justicia.
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La pretensión de la demanda asciende a los 3,17 billones de pesos por los supuestos daños y perjuicios causados a un total de 1.620 reclusos, guardianes y personal administrativo de todas las cárceles del país contagiados.
No obstante, en esta acción judicial también se reclama por la reparación por los daños ocasionados a por lo menos 14.580 de sus familiares directos, como son esposas, compañeros permanentes, hijos, hermanos, abuelos, entre otros miembros de su núcleo más cercano.
Adicionalmente, la demanda busca que se reconozca el perjuicio sobre toda persona que siga siendo víctima de contagio de coronavirus en las diferentes centros carcelarios hasta cuando culmine la pandemia.
El autor de la demanda planteó que pese a que en abril de 2020 ya la emergencia carcelaria era una realidad, se ordenó el traslado de la cárcel de Villavicencio de ocho reclusos una vez se dio el primer caso de coronavirus, pero sin las debidas precauciones ni protocolos necesarios para evitar un mayor contagio, incluso, no les practicaron pruebas de coronavirus a los internos.
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En la demanda también se alega que la declaratoria de emergencia carcelaria fue tardía porque se presentó sólo después del motín y posterior masacre registrada en la Penitenciaria de la La Picota, en el sur de Bogotá, el 21 de marzo de 2020.
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