Tribunal militar envió a la Fiscalía proceso contra 15 soldados por el crimen de tres niños wayúu
En la investigación el expedientes desapareció, situación que llevó a la prescripción del proceso.
Después de once años la investigación en contra de 15 militares por el crimen de tres niños wayúu en la ranchería Atnamana, jurisdicción de Maicao (La Guajira). La Justicia Penal Militar remitió el expediente a la Fiscalía General para que adelante las respectivas indagaciones.
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La decisión se tomó al considerar que el juzgado 98 de Instrucción Penal Militar no tenía competencia para precribir la investigación por los hechos que se registraron el 16 de mayo del 2000. En la decisión se concluyó que los hechos no tienen relación con actos de servicio y que el crimen se presentó en contra de una población que tiene especial protección.
“Existe duda si la muerte de los indígenas (…) se dio en el marco del cumplimiento de una tarea, objetivo, menester o acción necesaria para el cumplimiento de la función que constitucional y legalmente le corresponde al Ejército”, precisa uno de los apartes de la decisión. Para el Tribunal Superior Militar y Policial no existe certeza que los hechos materia de investigación ocurrieron en una misión o tarea específica desarrollada por el Ejército.
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La decisión se tomó al resolver un recurso presentado por el Procurador 265 Judicial Penal de San Juan del Cesar que reseñó que las comunidades indígenas y tribales “gozan de un amparo de protección especial y reforzado en el ordenamiento jurídico interno y supranacional”.
Igualmente, el Tribunal le pidió a la Procuraduría General y a la Justicia Penal Militar para que se adelante una investigación disciplinaria y penal por la pérdida del expediente. Cuestionan que pese a que en los primeros cinco años el proceso se adelantó con normalidad poco después se reportó la pérdida.
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Debido a esto, el proceso se estancó y no se tomaron decisiones de fondo aumentando así la impunidad ya que el caso prescribió. “Las actuaciones de la Justicia Penal Militar en este caso han puesto en peligro las más básicas garantías de acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de estos hechos, constituyéndose en un atentado contra los derechos humanos”, precisó el procurador.
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