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Chuzadas
Chuzadas. Imagen de ilustración
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La Fiscalía General radicó el escrito de acusación contra el exfiscal 32 de la dirección contra las Organizaciones Criminales Fabio Augusto Martínez Lugo, sindicado de estar implicado con la nueva red de interceptaciones telefónicas ilegales.

El ente investigador lo acusa de ser autor de delitos como concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones.

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En desarrollo de la diligencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá reconoció como víctimas de este caso al gerente general de Enel Colombia, y quien para la época de los hechos fungía como presidente para Latinoamérica del Grupo Enel - Condensa, el empresario español Lucio Rubio Díaz, a los miembros del Sindicato de pilotos ACDAC entre ellos al capitán Julián Pinzón y al abogado Felipe Jaramillo Londoño.

La investigación hace relación a hechos registrados en 2018, en esta se advierte que el exfiscal justificó las interceptaciones con información privilegiada que correspondía a otros procesos penales -como el de un hurto menor a un taxista- e indujo al error a los jueces de control de garantías que avalaron esos procedimientos.

Según los investigadores, entre el 18 de diciembre de 2017 y el 16 de enero de 2018, el exfiscal Martínez Lugo habría interceptado ilícitamente los abonados telefónicos pertenecientes a varios miembros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) como el capitán Julián Pinzón.

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Dentro de las víctimas también se estableció que entre el 25 de junio al 14 de agosto de 2018, además de Rubio Díaz, fueron interceptadas las comunicaciones de Felipe Jaramillo Londoño y Jorge Flores.

Es de recordar que por estos mismos hechos,  Luis Carlos Gómez Góngora, exfuncionario encargado de coordinar la sala de interceptaciones de la Fiscalía General, fue procesado y cobijado con medida de aseguramiento el pasado 17 de diciembre.

Incluso, en desarrollo de la audiencia de acusación, Gómez Góngora aceptó cargos ante un juez por los delitos de falsedad ideológica en documento público en concurso con fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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