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Congreso de la República
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Foto: Colprensa

Once congresistas estarían a punto de verse obligados a publicar su declaración de bienes y rentas por cuenta de una tutela que llegó a la Corte Constitucional y que busca beneficios del acceso a la información personal, de carácter financiero, de los senadores y representantes a la Cámara en el marco de la lucha contra la corrupción.

Se trata de los políticos Rodrigo Lara, Vanesa Mendoza, Guillermo Bravo, Doris Vega, Ana Paola Agudelo, Roy Barreras, Iván Name, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco y Antonio José Correa, a quienes la organización Dejusticia, en aras de la transparencia, les pidió esa información, pero ellos se negaron a entregarla o la entregaron incompleta.

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Los congresistas argumentaron la protección de sus derechos a la intimidad y a la seguridad personal.

Sin embargo, la tutela de la organización judicial dice que hacer pública la declaración de bienes y rentas es un paso obligado para cualquier funcionario que asume un cargo público.  

“Toda la información que está en poder del Estado es pública. En esa medida, estos documentos, que aclaran qué bienes y rentas poseen los servidores; su participación en juntas, consejos y organizaciones, y su actividad económica alterna, pueden y deben ser conocidos por la ciudadanía”, señala la acción radicada por Dejusticia. 

El senador del Polo Democrátrico, Jorge Enrique Robledo, quien también aparece en la lista de los demandados, entrego la información el 25 de julio del 2018.

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Los magistrados de la Corte, que en varias ocasiones han revelado su declaración de renta, definirán si ese tipo de información de funcionarios públicos debe ser pública..

Dejusticia espera que el alto tribunal se pronuncie, debido a que ya han perdido la batalla en el Juzgado 58 Administrativo de Bogotá y en Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuyos jueces sostuvieron, esencialmente, que la tutela no era la acción judicial indicada para este caso.

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