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Investigan a cuatro funcionarios por hechos de corrupción en la Fiscalía.
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El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, explicó que las acciones de tutela por la prestación del servicio de salud, específicamente contra las EPS, deberán ser resueltas por los tribunales superiores del distrito judicial o los tribunales administrativos.

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Señaló además que también deberán encargarse de las tutelas que se interpongan contra las decisiones adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud, entre otras situaciones que generen la utilización de este recurso.

Ruiz Orejuela se pronunció luego de la expedición del decretó 333, por medio del cual se modifican las reglas de reparto de las acciones de tutela en Colombia. 

“Las acciones de tutela que se promueven contra las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud, relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesación provisional o de revocatoria total o parcial de habilitación o autorización de funcionamiento de las EPS, serán repartidas a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos”, explicó el Ministro. 

También agregó que esto “impactará de manera positiva a los intereses de los ciudadanos en la prestación de servicio de salud y la unificación de jurisprudencia como quiera que dichas decisiones, podrán ser impugnadas altas cortes”.

El Ministro de Justicia precisó además el decreto se establece reglas claras de reparto para el conocimiento de las tutelas con las actuaciones de la nueva Comisión Nacional y Seccional de Disciplina Judicial y las que promuevan, los empleados y funcionarios de la Rama Judicial. 

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Al mismo tiempo, aclaró que este decreto no pretende afectar los derechos de los ciudadanos sino al contrario agilizar la administración de justicia.  

"Para el gobierno nacional la acción de tutela es una herramienta importante para salvaguardar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos colombianos, la defendemos como esa institución jurídica que permite un acercamiento directo de la justicia con el usuario, con el fin de procurar la desconcentración de la administración de justicia preservar la jerarquía funcional jurisprudencial y el interés general el Gobierno nacional expidió a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, el decreto 333". 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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