Twitter debe responderle a la Corte Constitucional sobre su política de privacidad
Las explicaciones se darán en medio del estudio de una tutela que presentó el exconcejal Hollman Morris.
La Corte Constitucional estudia una tutela presentada por el exconcejal de Bogotá, Hollman Morris, contra el ciudadano Álvaro Moisés Ninco Daza porque supuestamente afectó sus derechos al buen nombre y la honra.
El caso tiene que ver con unas publicaciones en la red social Twitter que hizo Ninco Daza en las que acusó a Morris en relación a su trato hacia las mujeres.
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En medio del estudio de esa tutela, la Corte le solicitó a la red social información sobre su política de privacidad y explicaciones encaminadas a determinar si existe habilitada alguna opción para que los usuarios de Twitter presenten reclamaciones.
La Corte también quiere saber si Twitter tiene algún mecanismo que permita verificar las opiniones o la información que es divulgada a través de su plataforma.
La fundación Karisma y el Centro de Estudios Dejusticia pueden pronunciarse sobre los limites en el ejercicio de la libertad de expresión en internet y sobre los mecanismos de las redes sociales frente al ejercicio de la libertad de expresión a la luz de la protección de los derechos fundamentales como la honra y el buen nombre.
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La tutela llegó a la Corte después de que Ninco Daza afirmara que sus afirmaciones las hacia en el marco de su ejercicio a la libertad de expresión como activista político, defensor de Derechos Humanos y que no estaba haciendo imputaciones contra el exconcejal.
El pronunciamiento que haga la Corte sobre este caso podría sentar jurisprudencia sobre el uso e las redes sociales y opiniones publicas a la luz de los derechos fundamentales al buen nombre y la honra.
“Calificar a alguien como un “depredador sexual” —como el mismo demandado admite haberlo hecho— es una conducta que, unida a otras circunstancias —sobre todo cuando la despliega una persona con cierto nivel de influencia dentro de la colectividad— puede dañar la reputación o el concepto que del perjudicado pueda tener la sociedad”, dijo la magistrada Cristina Pardo al solicitar a sus colegas de Corte estudiar el caso.
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