Ultimátum para solucionar grave hacinamiento en las cárceles de Pereira

El Ministerio de Justicia, el Inpec y las autoridades de Pereira deberán adelantar las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de las personas que están privadas de su libertad en las cárceles de la capital del departamento de Risaralda.

Esto después que el Consejo de Estado dejará en firme el fallo que ordenó tomar medidas efectivas y de fondo para solucionar el  grave problema de hacinamiento que se presentan en la ‘Cárcel 40’, el Reclusorio de Mujeres ‘La Badea’ y el de Varones de Santa Rosa de Cabal.

Lea además: Casa por cárcel a los integrantes del 'cartel del Soat'

Esto al considerar que evidentemente existe una violación a los derechos e intereses colectivos de los reclusos a un ambiente sano, seguridad y salubridad pública, esto debido al notorio hacinamiento.

Según la acción popular presentada, la ‘Cárcel 40’ tiene capacidad para 680 reclusos, pero en la actualidad registra 1.278. Por su parte, el Reclusorio de Mujeres tiene a 382 reclusas, pese a que su capacidad es de 305.

Esto genera problemas en el suministro de agua; en el funcionamiento de los sanitarios; presencia de plagas de insectos y roedores; problemas de discriminación por motivos de orientación sexual y diversidad de género; déficit en atención en salud y se seguridad, ocasionada por continuas riñas, entre otras dificultades ocasionadas por la crisis que se vive en estos penales.

Pese a que las autoridades manifestaron que existe un proyecto para la construcción de la Cárcel Regional de Pereira, que tendría un valor de 131 mil millones de pesos, el Consejo de Estado aseguró que esta no es una medida efectiva contra la vulneración de los derechos de la población carcelaria.

Lea también: En 2019 se han fugado 21 presos de las cárceles colombianas

Por esto, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el municipio de Pereira y el Departamento de Risaralda tienen que tomar las medidas administrativas y presupuestales necesarias para que cese la vulneración de los derechos colectivos, en un plazo no mayor de 18 meses.

En el fallo se ordena la creación de un comité, el cual deberá estar conformado por el ministro de Justicia, el director Regional del Inpec, el director de la Uspec, el acalde de Pereira y el gobernador de Risaralda para la verificación del cumplimiento de la orden judicial.