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CÁRCEL PICALEÑA
Foto ilustrativa de la cárcel Picaleña de Ibagué.
Colprensa

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que 328 mujeres y hombres privados de la libertad han obtenido los beneficios de prisión y detención domiciliaria transitoria en sus lugares de residencia. Esto en el marco de la emergencia sanitaria que adoptó el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles del país.

Hasta el momento, se han radicado cerca de 2.000 solicitudes a los jueces en seis regiones de Colombia, de las cuales 198 han sido negadas por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

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Los internos que han sido beneficiados con la medida temporal se encuentran en las cárceles de La Modelo (Bogotá), Jamundí (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Cómbita (Boyacá), Bucaramanga (Santander), Pitalito (Huila) y Barranquilla (Atlántico).

En su momento, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, anunció que a través del decreto 546, por medio del cual se reglamentaron las excarcelaciones como medida para evitar la propagación del coronavirus, saldrían cuatro mil internos.

También aseguró que no descarta que aumente la cobertura a través de la expedición nuevos decretos. 

Sin embargo, 3.680 personas privadas de la libertad están a la espera que se les otorguen los beneficios que inicialmente fueron contemplados para seis meses, mientras se supera la crisis que generó el coronavirus en Colombia.

Entre los favorecidos con la norma se encuentran adultos mayores de 60 años, pacientes con enfermedades catastróficas además, de personas que están siendo procesadas por diferentes delitos que no están relacionadas con la violencia intrafamiliar ni con el abuso sexual.

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A la fecha, son más hombres que mujeres los favorecidos con la medida que busca no solo combatir la COVID-19, sino el hacinamiento en los penales.

El Inpec insistió en que las personas privadas de la libertad que han recibido la medida de prisión o detención domiciliaria transitoria deben cumplir con el aislamiento social y familiar por 14 días en sus residencias.

También deberán acatar cada una de las directrices señaladas para seguir contando con el beneficio, entre las cuales se encuentran que tendrán que permanecer en sus hogares atentos a los controles que efectúe el Inpec.

Por último, se conoció que, en la zona norte del país han salido, en el último mes, más 600 personas a través de solicitudes de libertad que hicieron los abogados y que fueron determinadas por la justicia ordinaria.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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