Víctimas de 'Otoniel' advierten que su extradición perjudicará reparación y la verdad quedará 'coja'
El director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, sostuvo que ahora será más difícil este proceso.
Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros que trabaja con víctimas de despojo de tierras, advirtió que la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias 'otoniel', "perjudica a las víctimas para la verdad y su reparación”.
En diálogo con RCN Mundo, Vega señaló que aunque no están en desacuerdo con la extradición del capo, "en este momento no le sirve a las miles de víctimas del 'clan del golfo', que se verán perjudicadas en cuanto a verdad y reparación".
En ese sentido, explicó que 'Otoniel' será juzgado por una autoridad y un régimen penitenciario diferente al de Colombia, al tiempo que agregó que "estamos sometidos a una condición de esa nueva legislación norteamericana".
Gerardo Vega manifestó que "aquí lo que se afecta es la verdad de quienes participaron... el Urabá tiene una característica y es que desde hace 25 años ha existido un aparato criminal que son los que están en el escritorio y cuando se les pregunta a las autoridades qué pasa, pues lo que sucedes es que quienes están ahí son ellos mismos y la línea de investigación debe partir desde ahí. ¿Quiénes son los que se benefician de esos delitos? no se conocerá cuáles son los otros empresarios y políticos ".
(Audio) Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, sobre extradición de 'Otoniel'.
Sin embargo, manifestó que se continuará con los procesos de cientos de víctimas ante los jueces de restitución de tierras. "Han sido cientos de personas las que han sido despojadas y obligadas a abandonar sus predios", señaló.
De acuerdo con la Fiscalía, ‘Otoniel’ registra 122 órdenes de captura y siete medidas de aseguramiento en su contra en Colombia, por delitos como homicidio, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas y narcotráfico, entre otros.
También tiene vigentes seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores.
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