Zonas Futuro: Consejo de Estado dio plazo al Gobierno para pronunciarse sobre su pertinencia

El Consejo de Estado dio plazo hasta el 11 de octubre para que el Gobierno se pronuncie sobre la pertinencia o no de las denominadas Zonas Futuro, creadas a través del decreto 2278 de diciembre de 2019.

Según la Consejería Presidencial para las Comunicaciones, las Zonas Futuro son estratégicas para la intervención integral, “llevando institucionalidad con legalidad, emprendimiento y equidad, en las regiones más afectadas por la violencia”.

Las entidades del Gobierno que deben pronunciarse son la Agencia Nacional De Defensa Jurídica del Estado, el Departamento Administrativo de la Presidencia De La República, el Departamento Administrativo para La Prosperidad Social, los Ministerios de Defensa Nacional e Interior, y el despacho del Presidente de La República.

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Esos pronunciamientos se recibirán en el marco del estudio de una demanda contra el decreto que presentó el senador Roy Barreras.

El senador considera que la implementación de las zonas futuro afectaría el acuerdo de paz pues supuestamente, destruirían o transformarían los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados con el objetivo de reparar los territorios afectados por el conflicto armado.

Contrario a esos argumentos, el Gobierno del presidente Duque ha defendido el decreto diciendo que “prioriza la acción del Estado en cinco zonas (44 municipios que hacen parte de los 170 PDET) afectados por la pobreza, la deforestación, la violencia y las economías ilícitas, a través de la implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), también conocidas como Zonas Futuro”, se indica en un comunicado publicado en la página de la Presidencia. 

En ese mismo comunicado, el Gobierno promete que con la creación de las Zonas Futuro, se “concentrará esfuerzos en el 2,4% del territorio donde están los principales desafíos sociales y de seguridad en Colombia”.

El caso ya se repartió al interior de la Sección Primera, quedando en el despacho de la magistrada Nubia Margot Peña como ponente de la decisión.