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Playa Santa Marta // Foto. Colprensa



La Contraloría denunció que grandes condominios, hoteles y restaurantes de la zona costera de Santa Marta, han vertido de forma ilegal sustancias que han impactado el medio ambiente en lagos como el Dulcino, según reportó el organismo de control, tras una revisión a estas playas.

Según la Contraloría, las ocupaciones ilegales han generado enormes daños ambientales al Lago El Dulcino, cuya área total se ha reducido en los últimos años en más de 9 mil metros cuadrados".

Denunció además que autoridades del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, sobretodo el DADMA, no han adoptado medidas para frenar los efectos nocivos que se están generando de manera permanente al ecosistema.

"Los Condominios Cabo Tortuga y Sierra Laguna están entre los que están incurriendo en esta irregularidad, afectando el sistema de humedales costeros del Lago El Dulcino", señaló el organismo de control.

Requerimiento


Esta situación llevó a que el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, solicitara la intervención de la Fiscalía General de la Nación.

En oficio dirigido al fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó que “las gestiones adelantadas evidenciaron situaciones irregulares que pueden comprometer la responsabilidad penal de particulares y funcionarios públicos, toda vez que las mismas involucran la ejecución de proyectos urbanos sobre bienes de uso público o su apropiación, sin que se hayan tomado medidas necesarias para su recuperación, por parte de las autoridades llamadas a su protección”.

“Las edificaciones, levantadas en la orilla del lago, vierten sustancias contaminantes sobre el cuerpo de agua, poniendo en riesgo los recursos fáunicos, forestales, florísticos e hidrológicos del mismo, sin que las autoridades del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, hayan adoptado alguna medida para frenar los efectos nocivos que se están generando de manera permanente al ecosistema, conductas estas que se encuentran tipificadas como delictuales por el ordenamiento jurídico”, puntualizó Maya Villazón.