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El mayor operador de justicia de nuestro país son las comisarías de Familia.

El mayor operador de justicia de nuestro país son las comisarías de Familia, por ellas pasan miles de personas todos los años para resolver sus conflictos y para buscar alivio a uno de los principales retos de nuestra sociedad: la violencia intrafamiliar. Las comisarías son el único encuentro de mucha gente en Colombia con el Estado: operan en casi todos los municipios de Colombia, incluso en las zonas desmunicipalizadas; al mismo tiempo, las comisarías están subvaloradas por la mayoría de los actores políticos colombianos, parece que su función no fuera primordial para el desarrollo de nuestro país. Contrario a los estereotipos, las comisarías atienden a todos los niveles socioeconómicos y a todos los niveles educativos.

Hay que empezar por el principio, las comisarías dependen de los municipios; los comisarios y comisarias son una ficha del gobernante de turno, a veces escasamente sobreviven con salarios bajos y muchas veces hacen parte de los ciclos de violencia que aquejan a nuestro país. Las Comisarías deberían contar con un equipo interdisciplinario, que normalmente no está disponible, en general, lo que hay es un favor político en nombre de un abogado o abogada que se dedica a impartir justicia sin conocer la ley, sin oficina, sin nadie que le ayude a evitar los prejuicios para sacar fallos, sin quién vele porque sus decisiones serán respetadas, sin profesionales en psicología, trabajo social ni equipos médicos o forenses. 

Entonces uno escucha historias como una comisaria en Casanare que les dice a las mujeres que han sufrido violencia en manos de su pareja que les hagan una “comida romántica” para evitar la furia de sus maridos; también, están los municipios que tienen que compartir comisario porque no les alcanzan sus recursos para pagarle cada uno a su propia autoridad; están las comisarías en las que un viaje en lancha de 20 horas antecede la resolución de conflictos. El peor de los casos es ese en el que un agresor lo puede ser sistemáticamente en diferentes municipios de Colombia y nadie se entera porque, ¡oh sorpresa!, no hay bases de datos unificadas. 

Todas las víctimas de violencia deberían acceder a un sistema que les proteja sus derechos, incluyendo el más básico: la vida. Los cambios para hacer que las Comisarías funcionen no son grandes ni complejos pero requieren voluntad política. Por un lado, el Gobierno Nacional debería unificar en una sola la asistencia técnica a las Comisarías, hoy desparramada entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Por otro lado, podría aprovechar la inversión en conexiones con internet para garantizar que en cada comisaría haya al menos un aparato conectado a la red y a un sistema de información compartido entre todas las comisarías, no vayan a pensar que toca invertir mucha plata haciendo ese sistema, Bogotá tiene uno llamado el SIRBE, que puede ser adaptado para todo el país, ONU-Mujeres y UNFPA también desarrollaron un software hace un par de años que busca lo mismo. También, se puede garantizar la composición de los equipos interdisciplinarios a través de las prácticas sociales universitarias, un servicio poco usado, que podría llevar a profesionales idóneos a todo el país. Una especie de Opción Colombia más moderna y generalizada. 

Hay otras tareas más difíciles de resolver en la práctica pero que serían fundamentales, la primera es hacer cumplir el principio de subsidiariedad, que significa que si una entidad no puede cumplir con una función se la debe pasar a la entidad del nivel superior, esto querría decir que, si un municipio no puede contratar profesores porque no tiene capacidades para hacerlo, esta competencia pase al departamento. Con las Comisarías funciona al revés, cuando el ICBF no es capaz de proveer de defensores de familia, sus funciones pasan a los municipios. Parece apenas obvio que haya que aumentar también la cobertura de defensores de familia. Peso eso cuesta, y quién quiere pagar.

No es tan difícil, varios municipios y distritos se han puesto la tarea de hacer que la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes esté en el centro de su agenda. Bogotá, por ejemplo, tiene 32 comisarías disponibles, algunas funcionan 24 horas, ha invertido en el sistema de información y en la capacitación de sus comisarios y comisarias, tiene una comisaría virtual e incluso cuenta con acompañamiento sociojurídico para las mujeres que son víctimas de violencia. Para hacer eso hubo años de aprendizajes, voluntad y recursos. Ahora que nos indignamos con casos de niñas víctimas de violencia sexual o mujeres asesinadas a los golpes parece el momento propicio para impulsar un cambio. 

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