Consulta Anticorrupción: siete veces sí

La corrupción es un mal endémico en Colombia. Y no sólo en Colombia. Pero lo que más nos interesa y afecta directamente es lo que pasa en el país. De acuerdo con diferentes estudios, como el que dio a conocer recientemente la Universidad Externado, 50 billones de pesos les roban anualmente los corruptos a los colombianos.

No todos los políticos ni todos los colombianos son corruptos, por supuesto. Aunque más bien tímidamente, varias campañas se han adelantado para luchar contra la corrupción antes, durante y después de aquella famosa máxima filosófica del presidente Julio César Turbay: “Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”.

La frase fue caldo de cultivo para que toda suerte de humoristas, caricaturistas, periodistas y comentaristas se burlaran de la anfibológica expresión. Tanto que algunos dicen que si se le hubiera hecho caso a Turbay, hoy no estaríamos tan mal en materia de ética y moral pública.

Al menos 50 veces en este siglo los congresistas atornillados en el poder han rechazado diferentes propuestas y proyectos de ley para luchar contra la corrupción por la vía del legislativo. Algo lógico desde la perspectiva venal de muchos de ellos. Eso es como si los mismos ratones se pusieran cortapisas para comerse el queso.

Por eso, por costosa que sea, es necesaria la realización de una Consulta Anticorrupción, en la que los colombianos puedan pronunciarse directamente sobre los mecanismos que buscan morigerar este flagelo. Frente al robo anual de 50 billones de pesos, y los grandes beneficios que puede traer, la consulta es un regalo de la democracia.

La consulta cuesta unos $300.000 millones, pero con sólo aprobar la primera pregunta se ahorran $213.000 millones al año. Y si se aprueban los otros seis mandatos de la consulta, se comenzará a recuperar una parte de los 50 billones que se roban al año.

El decreto presidencial #1028 convoca a la votación de la Consulta Anticorrupción el 26 de agosto. Este domingo deberán participar más de 12 millones de personas para que la consulta sea válida. Y las preguntas –siete en total- que obtengan la mitad más uno de los votos por el “Sí” serán de obligatorio complimiento para el Congreso y el presidente de la república.

Entremos en materia y en el tarjetón:

Pregunta 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado

¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLMV, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?

Respuesta 1: Sí. El salario de los congresistas es desproporcionadamente alto (cerca de 32 millones de pesos) en relación con el salario mínimo que devengan casi dos millones de colombianos (cerca de $800.000). Y en relación con los 10 millones de trabajadores informales que ganan menos del salario mínimo. Los parlamentarios ganan al menos 40 veces más que la mayoría de los colombianos, que además les pagan sus sueldos. Y eso sin contar lo que se roban. Quedarían devengando cerca de $20 millones, que no es poca cosa.

Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

Respuesta 2: Sí. Es ofensivo e indignante para los colombianos y las víctimas directas de la corrupción pública y privada que los delincuentes de cuello blanco “cumplan” sus penas en las lujosas mansiones y casas-quinta que compraron con la plata que se robaron. Y, peor aún, que lo sigan haciendo.

Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país

¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos?

Respuesta 3: Sí. La contratación tiene que ser limpia y transparente, y no dar lugar, como ha sido tradición, a torcidos, amiguismos y componendas.

Pregunta 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía

¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?

Respuesta 4: Sí. El pueblo colombiano, principal víctima de los torcidos de los corruptos, debe participar activamente en las decisiones relacionadas con el manejo del presupuesto de la nación. De esta forma, se hace más efectivo y real el ejercicio de la democracia participativa en el país.

Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión

¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?

Respuesta 5: Sí. Los ciudadanos eligen a los congresistas y estos son sus representantes en el Poder Legislativo, casi que son sus empleados, por lo que deben estar obligados a dar cuenta de su gestión a la ciudadanía. Las cuentas claras y el chocolate espeso.

Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio

¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?

Respuesta 6: Sí. Hay que perseguir y sancionar ejemplarmente a los corruptos y a sus testaferros y cómplices. Estos también son corruptos.

Pregunta 7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas

¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales?

Respuesta 7: Sí. Ya no más los mismos con las mismas, ni en las mismas corporaciones de elección popular. El país está cansado de los mismos apellidos, las mismas familias, los mismos clanes, los mismos personajillos mediocres y corruptos de siempre. Los que sean muy buenos –los menos- tendrán tiempo suficiente para desarrollar una importante carrera pública al servicio del país.

Recapitulemos: la Consulta Anticorrupción no es la panacea que va a cortar de raíz este mal endémico, pero con seguridad va a contribuir a aliviarlo. Si se aprueba, los políticos, los corruptos –públicos y privados-, el Congreso y el presidente de la república no le podrán seguir haciendo conejo a Colombia.

Como lo dije en una columna anterior –“La maldita corrupción”-, ésta “es una de las mayores lacras que sufren los colombianos desde hace varios gobiernos y décadas. No podemos ser tolerantes frente a esta peste”. La Consulta Anticorrupción es un mecanismo democrático para hacerle frente.