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Parece increíble que a estas alturas de la historia nacional estemos lamentando y criticando una polémica decisión del más alto tribunal constitucional que tumbó la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad.

Con una votación de 6 a 3, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores de edad.

La Sala Plena acogió la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien se mostró de acuerdo con los argumentos de una demanda presentada por el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes y que, resumiendo, alegaba que con la ley de cadena perpetua se vulneraba el derecho constitucional a la dignidad humana, en este caso de los violadores y asesinos de menores.

Y ahí quedó el esfuerzo de tantos años que duró la lucha porque en el Congreso se aceptara y aprobara esa ley que inicialmente se había pensado para un castigo de pena de muerte para los responsables de dos delitos tan atroces como son el acceso carnal violento y el asesinato de nuestro niños, pero que después se cambió por el de la cadena perpetua.

Ese proyecto fracasó en 22 oportunidades en el Congreso y solo en junio del año pasado, con el apoyo de la mayoría de partidos políticos, el acto legislativo pasó todos los debates y la reglamentación de la cadena perpetua, lo que generó un amplio respaldo social pues se entendió como un real y efectivo castigo para los responsables de violar y matar a nuestros niños.

Porque no es un delito menor en Colombia. Según reportes de Medicina Legal, en 2020 fueron asesinados 727 menores de 18 años;  y determinaron que de los jóvenes menores de edad víctimas de violencia sexual, física o psicológica el 40% fueron mujeres  y el 42% hombres, cifras que obviamente corresponden a los casos denunciados y verificados porque si pudiéramos tener los datos de los llamados sub registros, es decir, de aquellos que ocurren pero nunca se denuncian, las estadísticas serían aún más escalofriantes.

Es imposible pensar en que tendremos una Colombia más prometedora en manos de las próximas generaciones cuando una gran mayoría de los jóvenes han sido víctimas en su niñez y adolescencia de vejámenes físicos y/o sicológicos en el mejor de los casos, pues la realidad es que los están además asesinando.

Y mientras tanto, los violadores y asesinos de menores que son enviados a la cárcel, no son condenados ejemplarmente para una sociedad adolorida y ávida de justicia, que ahora vuelve a perder las esperanzas de que se aplicaran castigos que realmente hicieran sentir que son proporcionales al delito cometido.

No olvidemos la frase del entonces director de Medicina Legal, Carlos Valdez, quien en diciembre de 2016 señaló: “El caso de Juliana Samboni, es el resultado de una sociedad enferma”, pero que igual aplica para todos los casos en que sujetos perturbados mentalmente violan y asesinan a nuestros niños, como Luis Alfredo Garavito, un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual de menores de edad.

¿Cabe el respeto a la dignidad humana para estos violadores y asesinos de menores? ¿Están por encima sus derechos frente a los derechos de los niños, aún más si se tiene en cuenta que fueron víctimas inocentes e indefensas a quienes les arrebataron la vida o les dañaron la mente para siempre?

Para quienes no sabemos de argumentos jurídicos, ni de leyes, ni de normas constitucionales, el fallo de la Corte Constitucional en este caso, nos deja sin aliento pero nos debe alertar frente a la necesidad de encontrar las condenas que correspondan con delitos tan atroces e imperdonables como el de violar o asesinar menores de edad. Y hay que encontrarlas cuanto antes.

Fuente

RCN Radio

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