Uno de los asuntos que rondan mi cabeza con más intensidad es cómo hacer que en Colombia la ley sea respetada.

Trabajo haciendo talleres y una pregunta que hago constantemente es qué significa la ciudadanía, me sorprende la facilidad con la que la gente reconoce, al menos en Bogotá, una relación directa de la ciudadanía con los derechos, deber ser un avance de la Constitución, pero nunca escucho a nadie hablar del único deber ciudadano contenido en la Constitución: cumplir la ley.

Por supuesto, hay quienes creen que algunos ciudadanos están por encima de la ley. El mejor ejemplo son los presidentes y expresidentes, que nunca han sido llevados ante su juez a responder por presuntos delitos. Es común leer en redes sociales que ‘duélale a quien le duela’ la popularidad parece ser inmediato sinónimo de impunidad. Tampoco los militares ni los policías deberían ser tocados por la justicia pues en su papel de héroes hicieron todo lo posible para salvarnos de la insurgencia. Por otro lado, hay quienes creen que las razones objetivas de nuestro conflicto armado son una especie de excusa que les impide reconocer a sus víctimas o pagar por las atrocidades cometidas. 

En ese contexto, fue el Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón, el mejor intento de nuestro país de darle gusto a todo el mundo: por un lado, puso punto final a la agresión, a partir de su firma no podría nadie volver a cometer delitos sin tener graves consecuencias; por otro lado, asumió que las cárceles no podrían ser el lugar eterno para quienes delinquieron usando cualquier uniforme y entonces propuso una fórmula que arregla por lo bajo el confinamiento y el castigo; también, se reconoció de manera efectiva a las víctimas; lo más importante, es que nadie quedó por fuera del arreglo. El mismísimo imperio de la ley.

¡Motivo de celebración como ningún otro! Porque ahora estamos viendo algo inédito: la posibilidad de que, en efecto, todos y todas le tengan miedo a la justicia. Y por eso mismo, debe ser motivo de júbilo la captura de alias Jesús Santrich, si ese señor no creía en la ley, le tocará empezar a ponerse las pilas. Y para la sociedad es un gran logro, ya no hay que gastar miles de millones para asesinar presuntos narcotraficantes, ahora basta con un sencillo operativo policial para llevarle a la cárcel y garantizarle el debido proceso. 

La fiesta sirvió para que Colombia tuviera que decidir cómo tratar a un guerrillero que presuntamente, dicen los investigadores de otras latitudes, cometió delitos después de la firma del acuerdo. También, nos puso una fuerte presión sobre la naciente Jurisdicción Especial para la Paz, tanto así que los congresistas después del letargo electoral y de las trabas del derrotado Cambio Radical se pusieron las pilas para darle forma a su reglamentación. Sin embargo, uno de los puntos más importantes de esta discusión no ha surtido efecto: por qué Colombia debe entregar a sus ciudadanos a que respondan en una corte extranjera cuando ese mismos país se ha enfrascado por años en la discusión de mandarnos a un pillo que ya está condenado. 

Esta celebración debería suscitar una reflexión final de nuestra sociedad: cómo hacer para garantizar que la gente cumpla la ley sin tener que pasar antes por el castigo. Desafortunadamente parece que no hay lugar para ello, estamos enfrascados en un proceso electoral donde han primado las actitudes revanchistas y el desprecio por la dignidad del otro por encima de la reconciliación y la búsqueda de soluciones concertadas. No solo hay un desprecio por las instituciones que imparten justicia, sino que se promueve que haya impunidad, uno de los candidatos posa de víctima cada vez que puede para evadir viejas responsabilidades y se escuda en el poder de convocatoria popular y el otro se regodea de estar acompañado de hampones de toda índole: corruptos que usaron el poder de sus cargos para incumplir la ley, personas que perdieron sus derechos políticos por robar, voltearepas, promotores de la muerte y una enorme cantidad de etcéteras.

 

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