El verdadero acceso a la justicia

Es común ver cíclicamente titulares que hablan de cómo Colombia es un país sumido en la impunidad penal, también, si uno tiene suficientes amigos abogados habrá escuchado que un proceso en el contencioso administrativo tomará toda la vida, ni hablar de lo lenta e ineficaz que es la justicia laboral, o los problemas que ya mencioné en mecanismos alternativos para acceder a justicia como las Comisarías de familia. Así, uno pensaría que cualquier reforma a la justicia estaría centrada en la búsqueda de herramientas para hacer que la ciudadanía pueda enfrentarse a un sistema fácil y rápido.

Desafortunadamente, ninguna fórmula de la actual reforma viene para fortalecer la relación ciudadana con el Estado. No hay descongestión, ni nuevos recursos, apenas unas fórmulas bastante complicadas para hacer que, encima de todo, los presidentes de las altas cortes deban gerenciar la plata de la rama. Ya salió mal el invento de que las cortes tuvieran funciones electorales, por ese chistecito, el actual embajador en la Organización de Estados Americanos tuvo su elección anulada, las Cortes jugaron a elígeme que yo te elegiré; también salió bien mal el: yo hago una revisión de su sentencia si usted me pasa platica, como resultó haciendo el magistrado Pretelt. Ahora imagínense la dicha de tener a los magistrados y magistradas decidiendo inversión, buscando contratos, moviendo sus fichas con la tenaza de la ley. Horror. 

Todo esto viene acompañado de una vieja aspiración de la derecha colombiana: minar la tutela. La tutela. El mecanismo vivo de la Constitución. Obvio, es que la tutela es una vaina muy pesada para los poderosos: hace que cualquier persona se acerque a una oficina jurisdiccional y ponga a funcionar el aparato del Estado. Son múltiples y variadas: cuando no se responden derechos de petición, tutela; cuando la EPS no quiere autorizar un procedimiento, tutela; cuando un colegio decide volver un régimen militar, tutela; cuando no se sigue el debido proceso, tutela. 

No les gusta la tutela por eso mismo, porque obliga a que el Estado se comporte como tal, no como un club de ricos. La tutela es un patrimonio de la nación, de la gente, de los de a pie. Acabarla, reducirla, cambiarla, será nefasto para cada una de las personas que viven en este país porque reducirá nuestras posibilidades de hacer crecer nuestros derechos, de garantizarlos y de buscar contrapesos a la andanada regresiva que sueña con volver a la anterior Constitución. 

La tutela no solo ha mejorado la calidad de vida muchas personas, ha sido fundamental para que la Corte Constitucional sea un referente internacional. Sus precedentes, que a veces nacen de una pequeña solicitud en un municipio perdido entre la geografía, han establecido una doctrina progresista, garantista y moderna que va acorde con las tendencias internacionales, no en vano hoy nuestro sistema de protección constitucional es admirado y replicado en otras partes del planeta.  (Le puede interesar: Los cambios que tendría la tutela en la reforma a la Justicia)

Seguramente el en Congreso algunas ideas del gobierno tendrán eco suficiente. Espero que la nueva conformación del legislativo, en su mayoría joven, reconozca que a nuestras generaciones, las que crecimos con la Constitución del 91, la tutela nos ha dado muchísimo y no permitan que nadie juegue con ella. Seguramente, en la calle nos veremos, protegiendo nuestro derecho a decirle al Estado que por ahí no es. 

Adenda: está demostrado que el discurso de aquellos que se hacen llamar próvida no tiene nada de promoción de la vida, es solo hipocresía en contra de los derechos, uno no puede negar el derecho al aborto de las mujeres y promover el uso de glifosato, uno de los químicos que más abortos causan en el mundo, es un contrasentido ridículo. A los que se oponen al aborto libre, legal y seguro hay que llamarlos por su nombre: antiderechos.