En Medellín, ¿otra alcaldada antitaurina?

Gran revuelo ha causado entre los taurinos de Antioquia y Colombia la decisión del alcalde Federico Gutiérrez de prohibir la Feria de Medellín. Es tal la indignación de los aficionados a la fiesta brava y aun de otros ciudadanos no necesariamente taurinos que la etiqueta #SpamTaurino se ha convertido en las últimas horas en una de las tendencias de Twitter.

Al burgomaestre se le ha cuestionado duramente esta decisión populista, arbitraria y politiquera, y algunos juristas consideran incluso que Gutiérrez pudo haber incurrido en delitos tales como violación de la Constitución Nacional, desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional e irrespeto de la Ley 916 de 2004 (Reglamento Nacional Taurino).

Todo comenzó cuando a finales de la semana pasada el alcalde sacó pecho al comunicarle a la opinión pública que no se iba a realizar la Feria de Medellín porque su alcaldía estaba comprometida con la defensa de los animales. De esta forma, se arrogó el logro de tamaña decisión, dando a entender que había sido una maniobra de su administración la que impidió la realización de las corridas (prohibición), pese a sus promesas de campaña y a que había un contrato firmado entre Casa Toreros, organizadores de la feria, y D’Groupe, socio propietario de la Plaza de la Macarena (Centro de Eventos y Espectáculos), de la que la Alcaldía posee el 49%.

Ya se han anunciado demandas contra Gutiérrez, la Alcaldía y la firma D’Groupe por violación de la ley y desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional y por incumplimiento de contrato. La alcaldada tendría un costo alto para el municipio de Medellín: por un lado dejaría de recibir los centenares de millones de pesos que se pagan en impuestos por la realización de los espectáculos taurinos y, por otro, tendría que pagar una indemnización a los organizadores de la feria con dinero que sale de los bolsillos de los medellinenses.

Esto recuerda lo que pasó con la prohibición de las corridas de toros en los años de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, con las demandas que se presentaron contra esta populista y arbitraria decisión del alcalde y con las sentencias de la Corte Constitucional que dieron el aval para que a la postre se volvieran a celebrar espectáculos taurinos en la capital colombiana.

Como lo dije en el cierre de otra columna (Tolerancia, respeto y libertad: “Prohibido prohibir”) sobre el mismo tema, citando al filósofo francés Francis Wolff (“50 razones para defender la corrida de toros”): “Tolerancia hacia las opiniones, respeto a las sensibilidades y libertad para hacer todo lo que no atente contra la dignidad de las personas”. Y, como consecuencia de esto, libertad para la realización de la Feria de Medellín.

El alcalde de Medellín y los antitaurinos tienen derecho a que no les gusten las corridas de toros; eso es respetable, así como es respetable la posición de los taurinos. A lo que no tienen derecho es a irrespetar normas consagradas en la Constitución y la ley y a imponerles desde un deleznable pedestal moral y animalista sus sesgados criterios al resto de la sociedad, ni a violentar las libertades individuales propias de un Estado de derecho como el que rige en Colombia.